Pesca ilegal que involucra a las 7 familias, una tarea desafiante para el Ministerio Público

La denuncia ante el Ministerio Público y el SII, en contra de la empresa Bahía Coronel, miembro de ASIPES, de ser autora de procesar harina de pescado proveniente de la pesca ilegal de sardinas y anchovetas, realizada por una oficina del Sernapesca que contrarió lo que venían haciendo las máximas autoridades de esa institución en el último par de décadas, resulta esperanzador, ya que abre la posibilidad para que el Ministerio Público pueda ampliar la investigación a todos los grupos empresariales y sus empresas involucradas en la PESCA ILEGAL que se encubrió en «pescas de investigación», y cuyos autores han dejado testimonios indesmentibles de como se beneficiaron económicamente de ellas, contrariando la ley y el estado de derecho que se supone rige en Chile.

Era del conocimiento de todos los autores de estos ilícitos, el articulo 2 N° 29 de la Ley General de Pesca que define a la pesca de investigación como la actividad pesquera extractiva que tiene por objeto la realización, SIN FINES COMERCIALES, de las tareas que se aboca cada una de sus tipos, esto es, exploratorio, de prospección y experimental. También era del conocimiento de los anteriores el dictamen N° 14.178, del año 2004, de la Contraloría General de la República que había zanjado el tema de la legalidad de las autorizaciones realizadas por Subpesca quien estaba abusando de las pescas de investigación para encubrir fines comerciales y no los fines científicos establecidos en la ley » … si la autoridad administrativa llegare a hacer uso de su facultad de autorizar actividades de pesca de investigación con una finalidad distinta a la perseguida por la ley, tal decisión quedaría afectada por una desviación de poder y viciado el acto que la sanciona … “.

La impunidad de la que gozan hasta ahora los autores de la Pesca Ilegal encubiertas en » pesca de investigación» se debe a que tuvieron como cómplices a las autoridades a cargo de la Subsecretaría de Pesca, entre ellos: Felipe Sandoval, actual Presidente de los Salmoneros; Jorge Chocair y Pablo Galilea, actual Consejero Nacional de Pesca quienes no solo les facilitaron autorizaciones sin valor legal alguno por millones de kilos y en otros casos por miles de kilos de distintas especies, entre las que destacan: Jurel, Anchovetas, Sardina Austral, Sardina común, Merluza Austral, Merluza común, etc. , etc. , sino que éstos cuidaron desde sus posiciones de poder instrumentalizar al IFOP y al Sernapesca, para que en el caso de esta última institución sus funcionarios quedaran impedidos de poder denunciar las pescas ilegales que los comprometían, ya que de prosperar, se exponían a que el Ministerio Público los investigara y llevara a la justicia por sus distintos grados de participación en éstas acciones al margen de la ley, ya que esos hechos eran de muchísima mayor gravedad y volúmenes de pesca que los denunciados en la actualidad por los funcionarios de la oficina del Sernapesca de la VIII Región y que afectan a la empresa Bahía Coronel.

No debemos olvidar que los anteriores eran autoridades al frente de instituciones del Estado que estaban mandatadas por ley para cuidar la sustentabilidad de la riqueza pesquera país, lo que dejaron de lado por coludirse con la corrupción, no importándoles el desastre ambiental y social que le ocasionaron al país y a miles de familias de pescadores artesanales, que eran parte de un centenar de caletas de norte a sur que desde siglos vivían del mar.

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CIPER en uno de sus trabajos de investigación periodística registró uno de los testimonios que acusa el tamaño que alcanzó esa PESCA ILEGAL lo que permite imaginar los beneficios económicos que les reportó a sus autores: » El 23 de marzo del 2011, el gerente general de Corpesca S.A., el Sr. Francisco Mujica, – el mismo que en la actualidad se encuentra procesado por el Ministerio Público por financiamiento a la política – , se presentó ante la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, según consignó Diario 21, donde » señaló que entre 1997 y 2000 se pescaron más de 3.000.000 de toneladas de jurel bajo talla en la Región del Bío Bío, amparado en el concepto de “pesca de investigación”. La denuncia del Sr. Mujica dirigida en contra de sus colegas de la Región del Bío Bío, agrupados en ASIPES y fabricantes de harina de pescado, no mereció reparo alguno de los diputados presentes y quizás los mismos puedan aportar valiosos antecedentes al Ministerio Público de las razones que tuvieron para hacer oídos sordos de estas ilegalidades.

Según CIPER » Lo que no dijo Mujica en esa ocasión es que esa misma artimaña fue utilizada en la pesca de jurel en el norte del país, que favoreció al Grupo Angelini, donde él era su gerente. CIPER le preguntó al Sernapesca por qué si la ley sólo permite un 35% de captura bajo talla, no existen sanciones a las empresas que operan en la macrozona norte. Su respuesta fue: “Todas las operaciones de pesca de jurel en la zona norte del país hasta el 2011 se han efectuado bajo la modalidad de pesca de investigación «. Entonces, la talla mínima del jurel era de 26 centímetros, pero el año pasado el 95% de las capturas estuvo bajo esa medida. En informe que elaboró Subpesca indica que desde 1998, en la zona norte “destaca la presencia de un alto número de ejemplares juveniles, que supera en promedio el 70% de la captura total, llegando algunos años a superar el 90% (2011)”.

Otro caso emblemático es la Pesca Ilegal de la Sardina Austral en las Aguas Interiores de la X Región, que se encubrió como «pesca de investigación» y que terminó en la elaboración de Harina de Pescado, por las empresas Fiordo Austral y Alimar. Esta debe su autoría al ex Subsecretario de Pesca, Felipe Sandoval, quien decretó resoluciones exentas sin valor legal alguno; autorizó la captura e industrialización de esta especie, que no se encontraba en los registros pesqueros y, por lo mismo, su captura, procesamiento y comercialización se encontraba sancionado por ley. Lo impresentable, es que en los años siguientes y hasta mediados del 2012, agregaron su firma a iguales ilegalidades los ex Subsecretarios Jorge Chocair y Pablo Galilea, y otros como Antonio Araniz, investigador del IFOP actual miembro del Comité Científico que está al » cuidado » de este recurso, justificaron la pesca ilegal en fines científicos, al igual que Jorge Toro Da Ponte ex Director del IFOP y que en la actualidad paradojalmente es el encargado de combatir la pesca ilegal ahora como Sub director de Pesquerías de Sernapesca . Todos los anteriores contribuyeron a que la Sardina Austral, anchoveta y sardina común de las Aguas Interiores de la Patagonia fueran sobreexplotadas y llevadas casi a su extinción según dan cuenta los últimos Informes de los Estados de las Pesquerías de la propia Subpesca.

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En el Tribunal de la Libre Competencia existe un valioso testimonio de la magnitud que alcanzó el procesamiento de harina de pescado con la PESCA ILEGAL de la Sardina Austral y con los pequeños pelágicos de la Patagonia, que le podría servir de mucho al Ministerio Público ya que corresponde a un testimonio realizado por la propia empresa Fiordo Austral. http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Antecedentes_FiordoAustral_NC_379_10.pdf Estos valiosos testimonios en que se inculpan varios fabricantes de harina de pescado, parte de los principales grupos empresariales que controlan el Sector Pesquero, ante nada menos que la Comisión Pesca de la Cámara de Diputados y ante el Tribunal de la Libre Competencia, y que son parte de la hebra de un tejido muchísimo más grande, deberían servir al Ministerio Público para hacerse del convencimiento que las » pescas de investigación» fueron Pescas Ilegales, parte de una acción al margen de la ley que se encuentra sin castigar por la justicia y que les sirvió a sus autores para un enriquecimiento ilícito.

Vale hacer presente al Ministerio Público y al país que no es casualidad que las actuales autoridades a cargo de Subpesca y Sernapesca concentren la labor de sus funcionarios en perseguir la pesca ilegal en la que estarían involucrados unos cuantos pescadores de los miles que son parte de la pequeña pesca artesanal a sabiendas que ésta última no alcanzan a explotar el 5 % de los recursos pesqueros país, con el claro objetivo de descuidar la fiscalización sobre quienes controlan el otro 95% y que lo obtuvieron vía Ley Longueira.

No cabe duda que el objetivo de los anteriores es instrumentalizar el Estado para imponer el relato a través de los medios de comunicación que hace culpable de la pesca ilegal a la pesca artesanal y de pasada acusar que la misma es responsable del desastre ambiental que devastó la Riqueza País en el último par de décadas, por ello ha sido tan aplaudidos por las organizaciones patronales, ya que la misma los exculpa a ellos, que son los verdaderos autores de la devastación y de pasada mantiene en la impunidad a los que la ampararon.

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Por todo lo anterior es que vale recordar al saliente Fiscal Nacional, Sabas Chahuan, quien precisó en una de sus últimas intervenciones que : “Chile no es un país corrupto, pero sí existen corruptos que perseguir penalmente” a la que luego agregó una segunda precisión a propósito del caso Penta, «En esta investigación se imputará a todas las personas que resultaran responsables, sin importar el cargo, el ex cargo o posición social (…) Acá primará la igualdad ante la ley». Es una esperanza entre los miles de pescadores artesanales y las Pymes pesqueras que el Ministerio Público lleve a la justicia a quienes han recurrido a la corrupción para burlar la ley y devastar en forma demencial la riqueza pesquera que tenía Chile y que nos pertenecía a todos.

Pablo Fernando González, PYME Innovación.