¿Subsecretario de pesca autorizará operaciones de barcos – factorías prohibidas en aguas chilenas?

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Tras la denuncia de una inexistente flota de 64 “barcos de papel”, se ha sumado la entrega de autorizaciones y cuotas de pesca de parte del Subsecretario de pesca al holding Deris S.A. de la familia Del Río, para operar cinco barcos-factorías con plantas elaboradoras de harina de pescado a bordo, – los que se encuentran expresamente prohibidos desde 1996-, en aguas de Aysén y Magallanes.


 

Por: Juan Carlos Cárdenas
Médico Veterinario. Director Ejecutivo Centro Ecocéanos


Las situaciones de abuso y corrupción política-empresarial en el sector pesquero chileno no tienen límites. A la denuncia parlamentaria de una inexistente flota de 64 “barcos de papel”, que han permitido la entrega de miles de toneladas de cuotas de pesca valoradas en 2.500 millones de dólares al “cartel” de las siete familias,-principalmente a la familia Angelini-, se han sumado la entrega de autorizaciones y cuotas de pesca de parte del Subsecretario de pesca al holding Deris S.A. de la familia Del Río, para operar cinco barcos-factorías con plantas elaboradoras de harina de pescado a bordo,- los que se encuentran expresamente prohibidos desde 1996-, en aguas de Aysén y Magallanes, y la irregular / ilegal entrega mediante el decreto supremo Nº 37 ( 21de marzo 2016) de la presidenta Bachelet y su ministro de economía a un barco factoría palangrero de la empresa española Global Pesca SpA, de cuotas de captura de bacalao de profundidad por 10 años. Esto, ha pesar que el Comité Científico Técnico de la pesquería demersal declaró el 2015 a esta valiosa especie de profundidad como sobreexplotada y en estado de agotamiento.

El far west pesquero al sur del paralelo 47

La solicitud efectuada a Jorge Bermúdez, Contralor General de la República, por la Coordinadora Social para la Defensa del Mar y los Derechos Populares, para que se pronuncie respecto a los vicios de legalidad de una serie de seis resoluciones firmadas el 2014 por Raúl Súnico (PS), actual subsecretario de pesca, en favor de la empresa Deris S.A., aún no tiene respuesta, a pesar que fue presentada el 29 de septiembre pasado.

Esta indolencia contrasta con la celeridad con que se están moviendo, tanto la dirección jurídica de la Subsecretaría de pesca (Subpesca), como los consultores y abogados de la familia Del Río, para presentar los certificados que permitan acceder a nuevas autorizaciones para sus naves factorías, entre los paralelos 44º30´- 47º y 44º-57º latitud sur.

Deris S.A.,es la compañía holding de las operaciones de pesca y salmonicultura del Grupo Inder, conglomerado de propiedad de la familia Del Río, la cual tiene como socios a la transnacional japonesa Nippon Suissan América Latina S.A. (Nissui Group), propietaria en Chile de Pesquera Emdepes, y a Grandi HF, la mayor compañía pesquera de Islandia.

Las resoluciones exentas Nº 3161, 3162, 3163, 3164,3165 y 3167, firmadas por el subsecretario Súnico, le han permitido operar a estos cinco barcos factorías entre el 2014 y 2016 en aguas exteriores de las provincias de Aysén y Magallanes, extrayendo más de 5.000 toneladas anuales de valiosos recursos demersales, entre los que destacan merluza austral, merluza de cola, merluza de tres aletas ,congrio dorado, reineta y jibia, entre otras.

A lo anterior debe agregarse un importante volumen de harina de pescado que se elaboran a bordo, tanto con especies objetivos (merluza de tres aletas, merluza de cola y restos de jibia), como con un gran número de especies acompañantes. Importante es señalar que hace aproximadamente diez años que inspectores del Estado chileno no fiscalizan a las naves factorías en sus áreas de operaciones australes.

Las naves factorías beneficiadas por las autorizaciones de la Subsecretaría de pesca (Subpesca) son, el “Puerto Toro”,” Puerto Williams”,” Puerto Ballena”, ”Cabo de Horno” y “Diego Ramírez”, las que hasta el 2013 eran propiedad de la desaparecida empresa Pesca Chile S.A. subsidiaria de la quebrada transnacional española Pesca Nova.

Las entregas de autorizaciones suceden anualmente desde el 2014, ha pesar que el artículo 162 de la Ley General de Pesca y Acuicultura señala expresamente la prohibición de operaciones de barcos factorías en el mar territorial y la zona económica exclusiva de Chile, con la sola excepción contenida en el artículo 12 transitorio de la ley 18.892 y sus modificaciones, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.S. 430 de 1991.

En ella se señala que sólo están exentos de esta prohibición aquellos barcos factorías que ya disponían de autorizaciones vigente al día de publicación de la ley 19.079, para operar en aguas exteriores al sur del paralelo 44º30´ latitud sur. Estas naves factorías podían continuar operando hasta el 31 de diciembre de 1996.Al término de dicho plazo, sólo se extenderían la posibilidad de continuar operando a aquellos armadores que fueran titulares de inversiones en activos fijos en tierra, por un valor técnico actualizado superior al de los barcos factorías que poseían, lo cual debía corroborarse de manera anual ante la Subpesca, mediante una firma auditora .

El Caval pesquero

Al declarase la quiebra de la subsidiaria Pesca Chile S.A. a mediados del 2013, la posterior venta de sus activos pesqueros (barcos, plantas procesadoras,frigoríficos y cuotas de pesca obtenidas en propiedad a través de la ley Angelini-Longueira del 2013) realizada por el síndico de quiebras Germán Chadwick Larraín. Este abogado habría sido sancionado posteriormente por obtener ventajas indebidas en el proceso de quiebra de Pesca Chile S.A., a lo que se sumaría la formalización en el caso Caval por apropiación indebida y delitos tributarios.

Parte de los activos pesqueros de la quebrada empresa de capitales españoles fueron adquiridos por el holding Deris S.A. Este pagó 45 millones de dólares por 2 barcos factorías de arrastre, 5 barcos factorías palangreros, 1 buque arrastrero hielero, y mas de 5.000 tons de cuotas de pesca transables de especies demersales

Según fuentes de la industria pesquera austral, el síndico Chadwick Larraín,habría “vendido el cerro Santa Lucía” en relación a las naves factorías, ya que al desaparecer el titular de las autorizaciones para operar (Pesca Chile S.A.), el holding Deris S.A. no podía presentar la existencia de inversiones en tierra a partir de 1996, las que fueran superiores al valor de las naves factorías adquiridas el 2014, razón por la cual no podían acceder con posterioridad a la excepción contenida en el artículo 12 transitorio de la Ley General de Pesca y Acuicultura..

Sin embargo, esta incapacidad fue solucionada de manera express, al emitir el recién asumido subsecretario Súnico una serie de resoluciones exentas. Según fuentes del sector, en esta operación habrían participado la empresa consultora de un ex subsecretario de pesca, junto a los oficios de un poderoso abogado de la plaza, de gran influencia en la Dirección Jurídica de la Subpesca .

Las organizaciones ciudadanas que monitorean este nuevo caso de abuso y corrupción en el sistema político-administrativo pesquero chileno, demandan en lo inmediato que se dejen sin efecto las resoluciones denunciadas,- en especial la Nº 3167-,y no permitir que la empresa Deris S.A., de RUT 96.808.510-7 – se acoja nuevamente de manera espúrea a la excepción que le otorgaba el artículo 12 transitorio a la desaparecida empresa Pesca Chile S.A., RUT 76.015.307-89

En momentos que la empresa Corpesca ha sido formalizada y se continúa investigando a las patronales pesqueras Asipnor, Asipes y Fipes por acusaciones de delitos asociados a la corrupta tramitación de la ley de pesca, a lo que se suma el inicio en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, de la discusión del proyecto de ley que busca anular sin compensación económica la viciada ley 20.657 Angelini-Longueira de privatización pesquera, cobra más fuerza política la exigencia de que las empresas involucradas en ilícitos de cohecho, adulteración de documentación relacionada con naves de pesca, fraude al fisco y financiamiento ilegal de la política , pierdan su personería jurídica, así como la caducación de las cuotas de pesca y de todos los beneficios obtenidos fraudulentamente en relación con la propiedad, derechos de acceso y uso de los recursos pesqueros de la Nación.

A lo anterior se suma la exigencia de sanciones políticas y legales a todos los funcionarios públicos que aparecen como cómplices y encubridores de actos dolosos, incluyendo el hecho de no volver a trabajar en el Estado de por vida. Mientras tanto, seguimos esperando la respuesta del Contralor General de la República, que impida una nueva situación de abusos y corrupción en el sector pesquero.

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