Pescadores exigen que Fiscalía investigue a ex Presidente Piñera por su rol en la Ley de Pesca

Más de 82 millones de pesos recibidos de cuatro pesqueras por aportes reservados para su campaña, inversiones en Exalmar donde hay un importante miembros de las 7 familias, y un repentino cambio de Ministro de Economía en su mandato,  de uno que apostaba al 50% de la licitación de la cuota de pesca industrial, por  otro que las restringió al máximo. 

 Bio-Bio. 14 de marzo de 2017- (radiodelmar.cl)– Tras las últimas denuncias por el pago que habrían realizado gremios pesqueros y grandes industriales a parlamentarios y políticos durante la tramitación de la ley de Pesca, el presidente de Fenaspar Chile, Hernán Cortés, hizo un llamado a la fiscalía para que investigue al ex Presidente Sebastián Piñera sobre su rol en la cuestionada norma.

“La Fiscalía debe investigar a ex Presidente Piñera por su rol en la Ley de Pesca”. Para el dirigente existen antecedentes suficientes para dudar de su actuación durante todas las etapas de tramitación del proyecto de ley, antes y después de su discusión en el Congreso.

Exalmar y el rol de las 7 familias

Ya es de público conocimiento, por la investigación judicial que se lleva adelante, que Sebastián Piñera compró acciones de la pesquera peruana, Exalmar, durante el juicio de La Haya. Esto a través de su empresa Bancard, cuando ya ejercía como Presidente de la República.

Según reconoció Piñera “el año 2010 mi familia, a través de una empresa y junto a muchos otros inversionistas chilenos, realizó una inversión en una empresa pesquera denominada Exalmar. Esto es verdad, pero es también absolutamente legal y legítimo”. Sin embargo, lo que no transparentaba el ex Presidente es que dentro del Directorio de Exalmar se encontraba su amigo Rodrigo Sarquis Said, como director independiente y presidente del Comité de Buen Gobierno Corporativo de la empresa.

Para Cortés este “es una hebra importante a investigar, porque da cuenta de la relación que tiene Piñera con las siete familias y Sarquis, uno de los empresarios más importantes del sector pesquero, quien era el presidente de Sonapesca durante la tramitación de la ley y contrario a que los recursos pesqueros fueran de todos los chilenos”.

Aportes reservados

Como informó El Mercurio, tras difundirse los aportes reservados entre los años 2009 y 2013 que entregó el Servel a la justicia, se estableció que el ex Presidente Sebastián Piñera recibió para su campaña $82.345.453, de las empresas pesqueras Blumar, Camanchaca, Alimentos Marinos y Pesquera BioBio.  De ellas destacan los más de 31 millones de aporte de Blumar, continuadora de la Pesquera Itata. Esta última perteneciente a la familia Sarquis, donde Rodrigo Sarquis, es el actual vicepresidente.

Cabe recordar que en la tramitación de la ley de Pesca, Rodrigo Sarquis como presidente de Sonapesca, gremio que agrupaba en ese periodo a las grandes pesqueras de la zona norte del país, fue un defensor de los que ellos llamaban los derechos históricos del sector. “El proyecto vulnera nuestros derechos históricos. La industria pesquera tiene 80 años en el país, por lo tanto, no hemos recibido una razón contundente, ni del gobierno ni del Parlamento, para que le quiten un porcentaje de sus cuotas de captura. Eso, desde nuestra perspectiva, es debilitar la estabilidad jurídica de la industria”.

Los otros aportes recibidos por Piñera, vienen de los restantes miembros de las llamadas siete familias, los Stengel, Izquierdo y Fernández, todas afiliadas a Sonapesca, donde Rodrigo Sarquis mantiene el cargo de past presidente.

“A Blumar le ha ido muy bien después de las promulgación de la ley de Pesca”, indica Cortés, señalando que desde el 2012 pudo abrir oficialmente oficinas; el 2013 con otras tres compañías salmoneras se abre al mercado chino con la marca “New World Currents”. Al año siguiente, compra concesiones en la XII Región y el 2015 se fusiona (como ha sido la tónica de su historia), con Frigorífico Pacífico SPA. “Esto a pesar de que el sector se queja de sus pérdidas, en cambio esta empresa parece tener claro hacia dónde avanzar”, puntualiza el dirigente.

El giro en 360º

Sebastian Piñera en octubre de 1990, como Senador de la República y en el marco de una ley  similar en el Congreso que favorecería a la industria, junto a otros 14 miembros de la Cámara Alta presentó un requerimiento al Tribunal Constitucional, indicando que la norma de esa época  “vulneraría la garantía constitucional de igualdad ante la ley (…) al establecer la desigualdad entre quienes pueden y no pueden pescar (…) se trata de una diferencia arbitraria e injusta, pues no se basa en la razón, el derecho o la equidad… (y va en) beneficio de ciertos grupos que se convierten en privilegiados”. Así, lograron incorporar un artículo que permitiría la licitación de las cuotas de pesca, el que debía ser “activado” por el Consejo Nacional de Pesca. Nunca se hizo, dado el rol de la industria en el organismo.

Más de 20 años después, “Piñera perdió la memoria y tuvo un vuelco en 360º. Con esto solo demostró  que no actúa como servidor público, sino como un mal empresario que busca resguardar los privilegios de sus pares”, indicó Cortés.

El dirigente se refiere a la postura de Sebastian Piñera, ya como Presidente. En una primera etapa fortaleció al Ministerio de Economía con la presencia de Juan Andrés Fontaine quien, hacia mediados del 2011, ya dejaba claro que en la ley de Pesca habría una apertura del mercado con la licitación del 50% de la cuota industrial, tal como lo había establecido Piñera años antes. No obstante,  la industria de la época, encabezada por Rodrigo Sarquis (Sonapesca) y Luis Felipe Moncada (Asipes), se oponía férreamente.

La suerte de Fontaine fue echada. En julio de 2011, unos meses antes de ingresar el proyecto de ley de Pesca al Congreso, Piñera nombró al entonces senador Pablo Longueira como nuevo Ministro de Economía. Longueira crea la llamada “mesa pesquera” donde los incumbentes se reparten las cuotas de pesca, lo que fue advertido por la Fiscalía Nacional Económica (FNE). El resultado, una tramitación de la ley, como advierte Hernán Cortés, “hecha a la medida de los industriales, donde perdieron los artesanales, el Estado de Chile y ganaron las 7 familias”.

Hay que recordar que el  entorno del ex ministro Pablo Longueira, ha sido investigado por la generación de boletas ideológicamente falsas. Muchos de ellos, contactados por su asesora personal Titi Valdivieso. Este es el caso de Nicolás Guiñez, ex estudiante de Derecho de la Universidad Finis Terrae, quien reconoció ante la justicia la entrega de 12 boletas falsas a una serie de empresas, incluidas Asipes y Pesquera El Golfo; Asipes también habría entregado dineros con el mismo sistema a Alfonso Mora Domínguez, hermano de una sobrina en segundo grado de Longueira, Loreto Mora que boleteó para SQM.

Otro caso, es el de Solange Hermosilla Chandía, quien declaró como falsa la boleta emitida en noviembre de 2009 a Pesquera el Golfo. “Quiero dejar en claro que los servicios nunca los presté, solo emití la boleta de honorarios en el año comercial 2009, donde fui contactada por una persona que llamaban Titi Valdivieso”, indicaba.

Pesquera El Golfo, se fusionó el 2011 con Pesquera Itata, de la familia Sarquis, dando paso a Blumar S.A, empresa que no solo se benefició con la llamada ley Longueira, sino que tiene una importante relación con el ex Presidente Piñera a través de Rodrigo Sarquis, actual vicepresidente de la entidad.

Con estos antecedentes, el dirigente señala que “hay pruebas suficientes para investigar a fondo, porque no es posible que Piñera no haya aprobado cada paso de la corrupta ley de Pesca, conociéndose la relación que mantenía con Sarquis y la gran industria”.

Pero advierte, que estas empresas también debieran trasparentar su relación con los dirigentes artesanales y gremios pesqueros. “Exigimos que las 7 familias digan qué dirigentes artesanales y a qué gremios artesanales han financiado, yo no tengo lanchas de 300 millones financiadas por la industria pesquera, esos son algunos dirigentes que se vendieron a las 7 familias”, agregando que no esto incluye “el acarreo de gente al Congreso para presionar a los políticos, los mismos que defendieron el patrimonio industrial y dejaron de pelear por los compañeros trabajadores”, sostuvo Hernán Cortés.