Derogación o Modificación de la Ley de Pesca: Una camisa de fuerza para el futuro gobierno

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Así como la discusión política del tema de la propiedad de los recursos pesqueros es de gran relevancia, otros temas tales como las licencias de pesca “indefinidas” y “sujeto de todo negocio jurídico”, prohibición de la pesca de arrastre, franja costera de 5 millas costeras para la pesca artesanal, límites de la ley lavquenche, expansión de la salmonicultura en la Patagonia, serán puntos focales en la ofertones por captar  votos por ambos bandos políticos.


Dr. Eduardo Tarifeño Silva, Biólogo Marino, Ph.D.
Miembro Titular Consejo Nacional de Pesca
4 de diciembre 2017.


En el último repechaje de los postulantes a Presidente de la República por llegar primero a la meta del próximo 17 de diciembre, los dos candidatos en carrera están recurriendo a todo tipo de estrategias para lograr los votos que necesitan para ganar, dado que ninguno de ellos logró una votación suficiente en la primera vuelta. Dentro de los  verdaderos  ofertones que han formulado han surgido el tema de la Ley de Pesca, más conocida como Ley Longueira, dado que fue dicho Ministro de Economía en el Gobierno de Piñera, quién con su conocida habilidad y muñeca política logró conseguir los apoyos necesarios por parte de los senadores y diputados que votaron en 2012 los diferentes articulados de la ley propuesta por el Gobierno.

No se debe olvidar que Pablo Longueira llegó al Ministerio de Economía después que ex Presidente Piñera pidió la renuncia al exMinistro Fontaine que había asumido el cargo en su primer equipo ministerial en 2010, pero cayó en desgracia con el empresariado pesquero cuando anunció en el Consejo Nacional de Pesca su intención de promover las licitaciones de las grandes pesquerías nacionales. Esta opinión alarmó a los empresarios pesqueros, que dado los antecedentes conocidos hoy día sobre el financiamiento de la política, no caben dudas que habían apoyado generosamente la campaña de Piñera. Longueira asumió el cargo, seguramente con la misión de sacar adelante la nueva Ley de Pesca en la forma más conveniente para los empresarios.

Cabe hacer notar que Longueira logró además, el apoyo de varios dirigentes de pescadores industriales y artesanales, junto con la mayoría del  empresariado pesqueros y salmonicultor, lo que le dió un aparente consenso a la aprobación de la Ley Longueira. Hoy se conoce que la discusión y tramitación de la mencionada ley fue bajo todo tipo de acciones ilegales que están siendo investigadas por diferentes fiscales del Ministerio Público. Si bien es cierto que la ley es legal, desde el punto de vista que fue aprobada según  el procedimiento indicado en la constitución vigente para este proceso, su origen y forma de discusión fue ilegítima dadas las situaciones de cohechos  que hoy son de amplio conocimiento público.

La estructura de ley y su numeroso articulado fue elaborado en el Instituto de Libertad y Desarrollo que cumple la función de “laboratorio político”, para  la organización política Unión Demócrata Independiente (UDI) y sus estrechos nexos con el empresariado nacional, entre los cuales destacan SONAPESCA, ASIPES y CORPESCA. Según la revista de investigación periodística CIPER, el 18 de julio de 2012, en la Cámara de Diputados se votaron 32 indicaciones para definir el articulado de la nueva ley, de las cuales 23 eran de gran importancia para la industria pesquera.

Entre los artículos más relevantes en la discusión en la Cámara de Diputados, destacaron los numerales 1 y 2 del artículo 1° que proponía definir que el Estado tendría “dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptibles” de los recursos hidrobiológicos; y por lo tanto pertenecían a todos los chilenos. Esta moción fue rechazada por tener solo 57 votos a favor y no los 67 que se requería para aprobarla por tener quorun calificado. Obviamente, los 50 votos de rechazo fueron de parte de los diputados de la UDI y Renovación Nacional, quienes actuaron como disciplinada bancada defiendo los intereses empresariales.

Frente a este complejo panorama, el candidato Piñera ha declarado que en su eventual nuevo gobierno se harán los mejoramiento de la ley que sean necesarios, pero su excontendor Ossandon que es ahora parte activa de su comando, ha sido enfático en que  se debe derogar la ley de pesca por no defender los derechos de todos los chileno, sino que sólo favorecer al gran empresariado pesquero, la famosas 7 familias. Por su parte, el candidato Guillier, tratando de captar los votos de sectores más radicales, anunciaba que la Ley de Pesca debía ser derogada; sin embargo, su propio jefe de comando rápidamente lo corregió indicando que sólo se harían modificaciones.

Así como la discusión política del tema de la propiedad de los recursos pesqueros es de gran relevancia, otros temas tales como las licencias de pesca “indefinidas” y “sujeto de todo negocio jurídico”, prohibición de la pesca de arrastre, franja costera de 5 millas costeras para la pesca artesanal, límites de la ley lavquenche, expansión de la salmonicultura en la Patagonia, serán puntos focales en la ofertones por captar  votos por ambos bandos políticos.

Dado este incierto escenario, es seguro que cual sea el gobierno que emergerá en la votación del 17 de diciembre próximo, la derogación o modificación de la actual Ley de Pesca y Acuicultura será un tema candente en la discusión política con un alto grado de falta de consenso y de radicalización de las posiciones. Mientras tanto, las 43 pesquerías nacionales seguirán con 7 de ellas  en plena explotación, 9 sobrexplotadas y otras 9 agotadas,  según el estado de las pesquerías nacional informado por la Subsecretaría de Pesca en 2016.

 

 

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