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Otro caso de corrupción en el mar chileno: Los barcos inexistentes de la familia Angelini

Los antecedentes entregados a partir de la causa de Ricardo Díaz contra la empresa pesquera Orizon S.A, propiedad de la familia Angelini, evidencian que 64 barcos pesqueros que supuestamente se encontraban en construcción en 1994, obtuvieron matrículas sin nunca haber existido. Pero además fueron registrados utilizados para abultar ilegalmente los desembarques y de esta forma obtener mayores cuotas pesqueras.


 

Por: Edgardo Fuentes, Director de Medio Ambiente ICAL y Juan Carlos Cárdenas  Director Centro Ecoceanos


 

Las situaciones de abuso y corrupción empresarial en el sector pesquero parecen no tener límites. Esta vez, dice relación con la existencia de una flota de 64 “barcos de papel”, es decir, que nunca se construyeron, pero existieron en documentos, en una operación engañosa.

Estos “barcos de papel” permitieron la entrega por parte de varios Subsecretarios de Pesca de distintas administraciones, de millonarias cuotas de pesca a sus propietarios: las siete familias que controlan y saquean nuestro mar.

Por otro lado, se encuentra la entrega de cuotas y permisos de pesca a cinco barcos-factorías, para ser operados por la empresa de la familia Del Río y transnacionales pesqueras que dominan monopólicamente las aguas de Aysén y Magallanes. Esto, a pesar que la legislación chilena prohíbe las operaciones de estas naves en aguas chilenas.

Legislando con nombre y apellido

La “Ley corta de Lagos”, asignó por primera vez cuotas individuales de pesca mediante los denominados Límite Máximo de Captura por Armador (LMCA). Con ello, el gobierno de Ricardo Lagos, a través del Subsecretario de la época, Felipe Sandoval, entregó el 2001 cuotas de las pesquerías chilenas al sector industrial bajo una fórmula que ponderaba los desembarques “históricos” de cada nave pesquera, su capacidad de bodega y el área de operación de cada embarcación.

Bajo esta normativa de administración pesquera, los armadores industriales (empresarios pesqueros) podían sacar de la pesca, una o más de las naves bajo su control. Al ejercer esta opción, la historia de las naves excluidas, tales como cuotas de captura y capacidad de bodega, podían ser transferidas a otras naves del mismo propietario, o vendida a otro armador.

Privatización y exclusión social en el mar chileno

Este modelo de asignación de cuotas de pesca al sector industrial se impuso a otras opciones, tales como las licitaciones o subastas.

Es bajo este modelo de transferencia de cuotas que se comienza a establecer a partir del 2001  la historia de los desembarques en distintas pesquerías nacionales, paradojalmente en el periodo donde se produjo el peak de desembarques pesqueros.

Al vencer la prórroga de diez años de los LMCA establecidos el 2002, el gobierno de Sebastián Piñera, junto a un grupo minoritario de la entonces oposición, comenzó a preparar la elaboración y tramitación de la Ley 20.657, conocida posteriormente como “Ley Longueira”. Es aquí donde vuelve a reeditarse la discusión “historia de desembarque v/s licitación”.

El Estado volvió a apostar, en un contexto de graves irregularidades y vicios, por la “historia de desembarque” de cada empresa. Esta historia de desembarque fue herencia del gobierno de Lagos, que estaban mayoritariamente en manos de siete grupos económicos, más conocidas como “las siete familias”.

Con ello, el Ejecutivo y Parlamento, consolidaron la concentración económica y la exclusión social en el sector pesquero, ya que las cuotas individuales en manos de los clanes familiares que hasta el 2012 dominaron el sector, se transformaron a partir del 2013 en las Licencias Transables de Pesca tipo A (LTPA), de carácter gratuito y renovables automáticamente cada 20 años, divisibles, transferibles, transmisibles, bancarizables y susceptibles de todo negocio jurídico.

Los “barcos de papel”, la caja de Pandora política-pesquera empresarial

Los antecedentes entregados a partir de la causa de Ricardo Díaz contra la empresa pesquera Orizon S.A, propiedad de la familia Angelini, evidencian que 64 barcos pesqueros que supuestamente se encontraban en construcción en 1994, obtuvieron matrículas sin nunca haber existido.

Estas matrículas y características de “Barcos en Construcción” habrían sido utilizadas para el cálculo de LMCA el año 2001, permitiendo a las 7 familias -con la complicidad de funcionarios sectoriales- abultar fraudulentamente sus desembarques, capacidad de bodega y áreas de operación. Las actuales cuotas (LTPA) se establecieron sobre las otorgadas en la “Ley corta de Lagos” (LMCA), por lo tanto, el abultar el número de barcos podría significar un aumento en su capacidad de bodega, y por ende, la cuota o LMCA que le tocaba de ser asignada el 2001. Las LPTA o cuotas industriales podrían no solo haber sido obtenidas comprando parlamentarios el 2012, sino además, haber sido entregadas a barcos que nunca han existido, más allá de un papel.

Los barcos caleuche que surcan los mares australes

El 29 de septiembre, el Centro Ecocéanos, miembro de la Coordinadora Social para la Defensa del Mar y los Derechos Populares, consultó al Contralor General de la República para que se pronuncie respecto al vicio de legalidad de una serie de resoluciones entregadas desde el 2014 por el Subsecretario de Pesca a la empresa Deris S.A., propiedad de la familia Del Río y las transnacionales japonesa Nippon Suissan Kaisha (Pesquera Emdepes) y la mayor transnacional islandesa, Grandi HF.

Estas resoluciones permitieron operar entre 2014 y 2016 en aguas de Aysén y Magallanes a 5 barcos factorías con 5 mil toneladas de cuotas pesqueras. Las naves beneficiadas son “Puerto Toro”, “Puerto Williams”, Puerto Ballena”, “Cabo de Horno” y “Diego Ramírez”, las que habían sido propiedad de la quebrada transnacional española Pesca Chile.

Esto, a pesar que el artículo 162 de la Ley General de Pesca y Acuicultura señala expresamente la prohibición de operaciones de barcos factorías en aguas chilenas. La exigencia de las organizaciones ciudadanas es que se dejen sin efecto las resoluciones denunciadas, en especial la Nº3167 y no permitir que Deris S.A. se acoja para el 2017 a la excepción que le otorgan a PescaChile.

La empresa Corpesca ha sido formalizada, y las aristas de este caso se abren a asociaciones empresariales como ASIPES y FIPES, y estas nuevas denuncias sobre el comportamiento ilegal de empresas pesqueras de las 7 familias beneficiadas por Ley Longueira y las complicidades de funcionarios públicos, abren el camino para demandar la pérdida de su personería jurídica, y de todos los beneficios obtenidos fraudulentamente en relación a la propiedad y derechos de acceso y uso de los recursos pesqueros del país.

Cobra fuerza la idea de la Bancada Partido Comunista-Izquierda Ciudadana de caducar las cuotas de pesca a todas las empresas que incurrieron en pagos irregulares, o adulteración de papeles de sus naves, a fin de verse beneficiadas en la tramitación de la “Ley corta de Lagos” y la “Ley Longueira”, considerando que no procedería indemnización respecto de beneficiarios de una norma que no gocen de lo que en derecho público se denomina “confianza legítima”, teniendo en cuenta que “nadie puede aprovecharse de su propio dolo”, ni del “dolo ajeno”.

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