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América Latina y el Caribe crea la primera ley modelo de pesca artesanal del mundo

Parlamento Latinoamericano y Caribeño aprobó una ley que ofrece directrices y recomendaciones a los países de la región para fortalecer la pesca artesanal.


 

 29 de junio de 2017, Santiago de Chile – (FAO)– El Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) creó laprimera ley modelo de pesca artesanal del mundo, la cual servirá como un ejemplo para que los países fortalezcan este sector clave para la seguridad alimentaria y nutricional.
La ley modelo es un marco jurídico de referencia que los países pueden utilizar como base para desarrollar sus propias políticas y leyes nacionales para apoyar a millones de personas que dependen de la pesca artesanal como su principal medio de vida.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, más de 2.3 millones de personas trabajan en la pesca en la región y la mayor parte lo hace a pequeña escala.
Cada año, el sector pesquero de América Latina y el Caribe genera más de 11 millones de toneladas de productos, provenientes de las capturas en mares y aguas continentales, pero los pescadores artesanales enfrentan serias limitaciones frente a los grandes operadores del sector.
“Esta ley da herramientas para reconocer y proteger los derechos de acceso de la pesca de pequeña escala”, explicó Armando Castaingdebat, Presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del PARLATINO.
Impulsando la sostenibilidad del sector
Según Alejandro Flores, Oficial de Pesca y Acuicultura de la FAO, “las directrices y recomendaciones de la nueva ley permiten fortalecer la sostenibilidad del sector e impulsar su contribución a la erradicación del hambre y la pobreza”.
La Ley Modelo contiene 10 capítulos que tocan temas claves para el desarrollo del sector como el registro pesquero, la generación de información para la toma de decisiones y los derechos y deberes de quienes trabajan en el sector.
La ley modelo se refiere específicamente al Plan de Acción Internacional contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No reglamentada, la gestión de riesgos de desastres y la adaptación del sector al cambio climático.
La ley promueve el enfoque de género y la inclusión de los pescadores y pescadoras en sistemas de protección social con inclusión productiva.
Fue elaborada con el apoyo técnico de la FAO, la cooperación mexicana (a través de Mesoamérica sin Hambre), la cooperación española, a través del programa España/FAO, y el Frente Parlamentario contra el hambre de América Latina y el Caribe.
La pesca: sector estratégico para la seguridad alimentaria y nutricional
El último informe sobre el Estado de la pesca y la acuicultura de la FAO revela que en 2016 el sector produjo una cifra récord de 128 millones de toneladas de pescado para consumo humano, y que la pesca y la acuicultura son una fuente de ingresos para 120 millones de personas en todo el mundo.
“La pesca y la acuicultura son la principal fuente de proteínas para el 17 por ciento de la población mundial, y para casi una cuarta parte en el caso de los países de bajos ingresos y con déficit de alimentos”, explicó Alejandro Flores de la FAO.
De acuerdo a la FAO, el consumo promedio de productos pesqueros a nivel mundial es de 20.5 kilogramos por persona, por año.
Esta cifra es mucho menor en América Latina, donde apenas alcanza los 9 kilogramos por persona, y menor aún en Centroamérica, donde se consumen 6 kilogramos por persona al año. La excepción a la regla es Panamá, donde el promedio del consumo per cápita supera los 13 kilos al año.
Alto a la pesca ilegal
En el año 2016 entró en vigor el primer tratado internacional dirigido específicamente a combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDR), promovido por la FAO.
En conjunto, alrededor de 40 países y la Unión Europea se han comprometido a denegar la entrada o inspeccionar los buques implicados en la pesca INDNR, y a tomar las medidas necesarias para acabar con este fenómeno.
Doce países de América Latina y el Caribe ya se han sumado al acuerdo y están comenzando a implementar sus medidas.
Asimismo, se han comprometido a compartir información a nivel regional y mundial respecto a cualquier barco involucrado en la pesca ilegal.
Cada año, la pesca ilegal suma capturas de hasta 26 millones de toneladas, con un valor que alcanza cerca de USD 23 000 millones de dólares, socavando los esfuerzos para garantizar la pesca sostenible y la gestión responsable de las poblaciones de peces en todo el mundo.
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