 Jorge Arrate, ex candidato a presidente: “La modificación a la ley de pesca es un 'traje a la medida' y premio para las salmoneras responsables de la crisis, para privatizar en su favor el mar. Con esto se les entrega la posibilidad de hipotecar las concesiones de acuicultura que son bienes nacionales de uso público entregados gratuitamente por el Estado. Ello es impresentable. Mañana Piñera podrá hipotecar las concesiones de espacio aéreo y rutas comerciales entregadas por el Estado como prenda de los pasivos de Lan Chile frente al sistema financiero”.
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 Marco Enríquez-Ominami, diputado y ex candidato presidencial:
“El proyecto es inconstitucional, pero tenía una indicación que me resultaba atractiva que se perdió, que las concesiones que el Estado de Chile entrega pudieran ser revisadas para su cumplimiento laboral, era bien potente y se perdió. Vote en contra de los artículos (de hipotecar las concesiones) y a favor de la idea de legislar. Cuando vuelva a la Comisión Mixta nos expresaremos con dureza, ya votamos en contra de los artículo que se referían a ello”.
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 Senador Guido Girardi (PPD)
“Este proyecto de ley es un aberración constitucional e ilegal. Un traje a la medida y un premio a las malas prácticas porque se intenta favorecer a una industria que es absolutamente responsable de la crisis y ahora quieren exportar ese modelo de destrucción a la Región de Aysén y Magallanes. Es una vergüenza que la dictadura de Pinochet privatizara el agua, y ahora es una vergüenza que un gobierno democrático esté intentando privatizar el mar chileno”.
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 Sergio Grez Toso, historiador de la Universidad de Chile:
“El mar es patrimonio de la humanidad, no de un puñado de grandes empresas depredadoras de los recursos humanos y naturales”.
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 Malucha Pinto, actriz:
“Estoy en completo desacuerdo con la privatización del mar. El mar es patrimonio de la humanidad, es patrimonio de todos nosotros”.
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 Senador Alejandro Navarro (Independiente):
“Es escandalosa la decisión del Gobierno, porque ya no conformes con privatizar el mar por la vía de la hipoteca de las concesiones de un bien nacional, ahora se desechan exigencias laborales mínimas que equilibraban una balanza que hasta ahora sigue inclinada hacia el lado del abuso y el no cumplimiento de las leyes vigentes”.
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 Senador Pedro Muñoz Aburto (PS):
“Es vergonzosa la indicación del Gobierno para atenuar la caducidad de las concesiones por infracciones reiteradas a los derechos laborales. El Gobierno se ha puesto al servicio de los grandes empresarios del salmón, ha descuidado su rol de administrador del patrimonio público y de garante de los derechos de los trabajadores y optado, en su lugar, por claudicar sin tapujos ante el chantaje de una actividad que es responsable de su propio fracaso”.
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 Pablo Huneeus, escritor: "Son 40 empresas operadoras, muchas de capital extranjero, 600 presidios de cultivo (223 con virus ISA), 30 mil trabajadores, y exportaciones hasta por US$ 2.400 millones (...). Urge hacer justicia a sus víctimas, frenar la depredación y liberar al futuro de bucaneros encorbatados".
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 Zoila Bustamante, presidenta de los Pescadores de CONAPACH:
“En este proceso de discusión de la nueva Ley de Pesca, el Ministro de Economía, Hugo Lavados, y el ex Subsecretario de Pesca, Felipe Sandoval, buscaron siempre favorecer a los industriales salmoneros, y no se preocuparon de cómo afectaba a la pesca artesanal, o de los impactos al medioambiente, sino que la idea era salvar a una industria que estaba prácticamente quebrada. Si la tramitación del proyecto está programada para el 2010, espero en dios que nos de fuerza para detenerlo”.
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 Luis Mesina, Secretario General de la Confederación de Sindicatos Bancarios:
“La industria bancaria, a diferencia de lo que se está legislando en este país, debiera acotar el ámbito de su accionar. Muy por el contrario estos acreedores que son en su gran mayoría bancos de capitales foráneos están hoy día extendiendo su mano y por la vía de las hipotecas, de las prendas, de las garantías, están hoy día haciéndose propietarios de recursos públicos, de bienes nacionales que nos pertenecen a los chilenos”.
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 Gustavo Cortés, presidente de la Federación de Trabajadores de la industria del salmón de Quellón:
“Siempre hemos estado en contra de la privatización del mar. No estamos disponibles para este engaño. Nosotros queremos que la industria salmonera se reactive, pero no a costa de los trabajadores. Tuvimos razón en no querer desde un principio apoyar esta iniciativa. Nunca creímos que iban a caducar las concesiones porque las empresas no cumplían con la ley laboral. En las modificaciones a la ley de pesca y acuicultura los intereses de los trabajadores han estado ausentes”.
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 Ricardo Casas, presidente de la Federación de la Industria Pesquera de Puerto Montt:
“Desde que se inició la tramitación del proyecto de ley en el Congreso, el discurso del Gobierno ha sido el mismo que el de la industria salmonera. Hemos planteado muchas veces que el proyecto no sirve, que favorece a los empresarios, y no generará estabilidad en el empleo, ni trabajo de calidad. Todo esto ha sido un engaño y los trabajadores ya no creen que la reactivación del empleo dependa de entregarle recursos a las empresas”.
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 Julio Traub, presidente de la Asociación Gremial de Productores de Coho y Trucha:
Las autoridades “están actuando de acuerdo a lo que dice SalmonChile, que agrupa a las grandes empresas salmoneras y que cultivan salmón del Atlántico, y a nosotros nos han dejado de lado con un problema que no es nuestro y que no fue causado por nosotros. La intención del gremio es que las autoridades -que deberán ratificar por resolución las fechas de producción en los barrios- definan tiempos especiales para los centros de cultivo de coho y trucha. De lo contrario, las pymes salmoneras de coho y trucha podrían desaparecer”.
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 Armando Salinas, presidente de la Asociación de los Mitilicultores de Quellón:
“Las futuras discusiones respecto a modificar la Ley de Pesca y Acuicultura deben centrase en regular a la industria del salmón, para evitar nuevos episodios de contaminación que afecten a las comunidades costeras y a otros sectores productivos, y no en hipotecar las concesiones acuicolas. Es importante rediseñar los centros de cultivo porque están emplazados muchas veces en bahías cerradas que están perjudicando a otros sectores productivos que operan en el lugar, como los mitilicultores y la pesca artesanal”.
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 Juan Carlos Cárdenas, Director del Centro Ecoceanos:
“Esta vergonzosa ley es funcional para una industria ambientalmente indecente y socialmente irresponsable, con lo cual se demuestra que la auto-promocionada ‘salmonicultura 2.0', es tan sólo relaciones públicas para incautos. Sólo queda seguir luchando frente a los visos de inconstitucionalidad y vicios de origen de esta nueva ‘ley de amarre’ que privatiza nuestro litoral. Esto además anticipa lo que será la discusión pública el 2012 para evaluar los impactos ambientales, económicos y sociales de una década de privatización de las pesquerías chilenas
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 Elsa Cabrera, directora del Centro de Conservación Cetácea (CCC):
“Este proyecto no solo es inconstitucional sino que también amenaza la soberanía nacional. Chile sería el único país que está privatizando su soberanía marítima. Esta situación amenaza un potencial de desarrollo que tiene el sur de Chile, y es el tema del turismo aprovechando los fiordos, que son uno de los tres ecosistemas que hay en el mundo, que son utilizados por otros países para lograr ganancias millonarias obtenidas a través del manejo del ecoturismo”.
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 Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales:
“La modificación a la Ley de Pesca es una ocasión más en que se "entregan recursos para la especulación y para el negocio privado. Se está repitiendo una política de entregar recursos naturales, patrimonio de todos los chilenos para una empresa privada y sigan engrosando sus amplias utilidades”.
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 Fernando Claude, operario de turismo de Ancud:
“Los mares, ríos, bosques y todo el patrimonio natural de nuestro país y sus derechos no pueden ni deben cederse en ninguna circunstancia ni menos pasar a manos extranjeras, a menos que sea con el acuerdo de todos los chilenos en una votación democrática que así lo permita. Que nuestros legisladores aprueben algo así me parece que iría en contra del sentir de quienes le dieron su voto libremente. No me cabe la menor duda que si estos temas fueran consultados en plebiscitos la respuesta seria un rotundo no”.
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 Ronald Pfeil, operador de turismo de Puerto Cisnes, Región de Aysén:
“Me parece desquiciado y peligroso entregar esta enorme superficie de tierra y agua a una industria insustentable que colapsó por su irresponsabilidad y avaricia y a la patética incapacidad de las autoridades para fiscalizarla. Ambos actores han causado una masiva cesantía, un vergonzoso basural medioambiental y un desprestigio internacional por el uso indiscriminado de antibióticos, matanzas de lobos marinos, basurales tóxicos, contaminación del fondo marino y playas y destrucción de riberas”.
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 José Vera Giusti, representante del sector turismo de Magallanes:
“El problema de fondo radica en que el Estado, en connivencia con la industria y con la banca, propone crear un mecanismo cuyo sólo objetivo es resolver los problemas que la propia industria se creó, producto de su avaricia descomedida y de la irresponsabilidad extrema con que trataron las advertencias reiteradas sobre los riesgos sanitarios que generaba su esquema productivo. En su diseño, se ignoran por completo las opciones estratégicas de desarrollo que han tomado las regiones que se verán afectadas por la re-expansión de esta industria , comprometidas por la incompatibilidad entre salmonicultura masiva y el turismo de intereses especiales, como en el caso de Magallanes”.
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 Alicia Muñoz, presidenta de Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI):
“Este proyecto además de atentar contra la soberanía nacional, atenta directamente contra la soberanía alimentaria de la humanidad ya que quienes viven en las zonas (donde opera la industria del salmón) son mujeres y hombres que trabajan la tierra y que además viven de los recursos marinos. Nos parece indignante saber que el gobierno quiere implementar leyes para seguir entregando en forma gratuita nuestros recursos naturales a trasnacionales, cuando vemos que a nuestras comunidades jamás se les ha permitido una gratuidad para su desarrollo”
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 Arlette Jecquier, vocalista del Grupo Fulano y Mediabanda:
“Estoy en contra de hipotecar el mar, pensemos más a largo plazo, y en el bien común, en nuestra gente”. |
 Javiera Parra, cantante.
“Estoy tajantemente en contra de la privatización del mar. El mar nos pertenece a todos los chilenos y es una fuerte gigante de riqueza y que no puede ser distribuida entre unos pocos y menos unos pocos empresarios, así que únanse a esta causa”.
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 Claudio Narea, cantante ex Los Prisioneros. “Es inaceptable que le regalen el mar a los grandes empresarios salmoneros y a los Bancos”.
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