Lunes 9 de abril de 2012

Normativa entrega en uso borde costero y hasta las 12 millas de mar territorial a comunidades originarias que lo pidan. Si existen solicitudes, las peticiones de otras concesiones se paralizan hasta que se resuelva el pedido indígena.

Por Miguel Bermeo T.

Mientras el sector eléctrico alza la voz por la excesiva judicialización de los proyectos que ha impedido el desarrollo de nuevas iniciativas –y el gobierno anuncia sin dar detalles ni medidas concretas que ayudará a resolver el tema-, otro problema se gesta al borde del mar.

En el año 2008 comenzó a regir la ley 20.249 que crea los Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO), que otorgan a una comunidad originaria el uso y concesión de una zona del borde costero y hasta 12 millas del mar territorial, si así lo solicitan. La comunidad puede pedirlo por varias razones, entre ellas alegando que siempre desarrolló su actividad religiosa, económica u otra.

El problema se presenta cuando una comunidad eleva una solicitud de ECMPO por un espacio determinado, pues de inmediato frena todas las solicitudes de concesiones de uso de borde o marinas en el espacio que haya solicitado.

Así, varios proyectos están entrampados producto de estas solicitudes. Uno de ellos es Celulosa Valdivia (de propiedad de Arauco), que debía construir un ducto para la descargas de riles al mar, pero que se ha enfrentado a dos solicitudes de ECMPO, sin poder avanzar hace tres años. La última de ellas de Asociación de Comunidades Indígenas Territorios Costeros Valdivia y Mariquina, según aparece en el sitio web de Subpesca que se encarga de recibir las solicitudes.

Otro que está en problemas, es el mismo Consejo de Monumentos que debía realizar obras de restauración en el Fuerte Ñuble (Región de Los Ríos), pero que tiene una ECMPO impidiéndoles hacer los trabajos.

Y los afectados suman. El último de ellos es HidroAysén, esto debido a una solicitud que hizo la Asociación de Comunidades de Hualaihué (X Región) precisamente en una zona donde la generadora tenía contemplado hacer parte de su línea de transmisión de manera submarina.

El bloqueo


Ignacio Urrutia, abogado de Urenda Rencoret Orrego y Dôrr, asegura que “teniendo presente que actualmente la tramitación de este tipo de concesiones es extensa, claramente se agrega un nuevo elemento a considerar para los desarrolladores de proyectos. Adicionalmente, las comunidades indígenas como beneficiarias de este tipo de espacios costeros amparadas en el reconocimiento del uso ancestral que han hecho de ellos, aparecen como un nuevo actor gravitante al momento que la autoridad deba resolver acerca del otorgamiento de concesiones marítimas”.

Otro abogado acusa que algunas comunidades han violado el espíritu de la ley. Una prueba de ello, es que toda la costa de la Región de Los Ríos está con solicitudes de ECMPO, lo que muestra un afán de bloquear los proyectos. Pero no sólo eso, dice una fuente, sino que impide que otros pescadores artesanales no indígenas puedan pedir uso económico de ciertas zonas.

En la industria el temor está instalado ante la posibilidad de que los proyectos vayan sufriendo retrasos y puedan verse envueltos en un espiral de nuevas solicitudes de ECMPO, como le pasa a Arauco con Valdivia.

El sector salmonero está en alerta, aunque lo ven como una amenaza lejana, considerando que las concesiones están congeladas hasta 2015. Un empresario de la industria salmonera señala que este es “un tema importante y delicado, ya que mientras algunas comunidades legítimamente deben/quieren resguardar sus derechos ancestrales sobre el borde costero, podrían haber otras que sin tener ningún contacto con el mar en su historia (y con el propósito de bloquear toda actividad económica o buscar un beneficio económico) usen esta ley de mala forma”.

También critican que muchas de las solicitudes sean por todo el espacio del mar territorial, cuando “en Chile nunca tuvimos pueblos indígenas navegantes. Los únicos eran los Ona, y ellos navegaban en canales”, dice un abogado.

En la industria ven con preocupación la poca claridad con la que se está aplicando la nueva normativa. Además, “considerando que en general las peticiones indígenas están siendo aceptadas últimamente”, dicen en referencia al fallo que frenó la construcción de un parque eólico en Chiloé, amparados en el convenio 160 de la OIT.