29 de abril 2012

La Tercera

El máximo tribunal del país ratificó este viernes el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que en febrero revirtió la aprobación ambiental otorgada en 2011 al proyecto minero El Morro, de la canadiense Goldcorp.

La iniciativa, ubicada en la Región de Atacama, requiere de una inversión de US$ 3.900 millones para producir oro y cobre, y es el octavo mayor proyecto del país, según cifras de la Sociedad Nacional de Minería.

La canadiense había solicitado a la Corte Suprema que se dejara sin efecto el fallo del tribunal de alzada, que acogió el recurso de protección de representantes de la Comunidad Agrícola Los Huasco Altinos -agricultores de etnia diaguita aledaños al proyecto- en contra de la Comisión de Evaluación de la III Región de Atacama, presidida por la intendenta Ximena Matas.

Los demandantes sostienen que no se cumplieron las exigencias de la Ley Indígena y se violó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas, que especifica consultas a los pueblos originarios si un proyecto interviene en sus terrenos.

La Tercera Sala del máximo tribunal, integrada por los ministros Pedro Pierry, Sonia Araneda, María Eugenia Sandoval, y los abogados Alfredo Prieto y Arturo Prado, ratificó en forma unánime el fallo de alzada, estableciendo que se “deja sin efecto” la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que aprueba el proyecto, “en tanto no se subsanen las deficiencias observadas” respecto de las comunidades indígenas.

La empresa ahora deberá analizar en detalle las implicancias del fallo, para ver qué pasos seguirá de ahora en adelante.

Precedente indígena

La misma sala de la Suprema también revocó, a mediados de marzo, la aprobación ambiental del parque eólico Chiloé de la chileno-sueca Ecopower, debido a que no se consultó a la comunidad indígena Antu Lafqué, que interpuso un recurso de protección porque donde se instalarían los 56 aerogeneradores -con una inversión de US$ 235 millones- existen asentamientos huilliches y se provocaría un daño a estos.

En primera instancia el reclamo no fue acogido, pero la Suprema estimó que la Comisión de Evaluación de Los Lagos no hizo una consulta participativa a la comunidad indígena, lo que contravino el Convenio 169 de la OIT.

Ahora, la misma sala deberá pronunciarse sobre el proyecto termoeléctrico Castilla, del brasileño Eike Batista, que también se ubica en Atacama y requiere una inversión de US$ 5.000 millones. En primera instancia se revocó su aprobación ambiental, porque el seremi de Salud, Raúl Martínez, cambió la calificación de “contaminante” a “molesto” del proyecto, lo cual fue apelado por vecinos de El Totoral.