Rechazo a Espacios Costeros de Pueblos Originarios evidencia el poder fáctico de empresariado salmonero y su estrategia de boicotear Ley Lafkenche
“La industria salmonera opera como un poder fáctico que amenaza la democracia chilena, los derechos laborales, la protección del medio ambiente y los intereses de las comunidades costeras de pueblos originarios en los territorios ancestrales del GuluMapu, y del Kawesqar Waes en la Patagonia”, señaló el Centro Ecocéanos.
Aysén, Chile, 04 de marzo de 2024. (Ecoceanos News)—Las patronales de la mega industria salmonera junto a todos los representantes del Gobierno de Gabriel Boric en la Comisión de Uso de Borde Costero (CRUB) de Aysén votaron el 29 de febrero contra la creación de dos Espacios Costeros Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO), solicitados por comunidades Mapuche Williche al alero de la Ley Lafkenche (20.249). Esta busca reconocer el uso consuetudinario sobre la zona costera y proteger los derechos patrimoniales y la biodiversidad en el espacio marítimo.
El empresariado salmonero, repitiendo su exitosa estrategia anterior de amedrentamiento sobre funcionarios ministeriales, lo que le permitió bloquear en el Parlamento en mayo de 2023 artículos claves de la Ley que creó el Servicio de Biodiversidad y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SBAPs), implementó una intensa campaña de desinformación y de presión sobre los dirigentes de las comunidades costeras y funcionarios regionales, coordinando acciones de movilización de trabajadores de plantas procesadoras y de dirigentes sindicales y de pescadores artesanales pro-industria, cortes de carreteras, unidos a las autodenominadas multigremiales del comercio, industria, transporte marítimo y terrestre.
En este “linchamiento” político-comunicacional a las ECMPOs, la industria salmonera contó con el apoyo de consejeros regionales y de la histórica Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), donde también está la poderosa Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa).
Estado permite que intereses empresariales violen los derechos de los pueblos originarios, mientras desactivan Ley Lafkenche para instalar “extractivismo salvaje” en la Patagonia
El Parlamento, los sucesivos gobiernos de turno y la presión empresarial habían retrasado ocho años la tramitación de la ECMPOs de la comunidad de Cisnes (2016) y siete años la de islas Huichas (2017), a pesar de que la propia Ley Lafkenche indica que todo proceso de tramitación no debiera tardar más de 3 años. Actualmente, en esta área de expansión de la industria del salmón existen solicitudes de comunidades indígenas que llevan más de 10 años en espera, debido a las dificultades que colocan los servicios estatales que intervienen en el proceso.
Los gremios empresariales que integran la Sofofa señalaron que se oponían porque “la exclusividad de un pequeño grupo de personas en extensos terrenos se contrapone con el principio de desarrollo sostenible y armónico con el medio ambiente que promueve la política actual de borde costero”. Esto, en el contexto de la existencia de 335 concesiones salmoneras en el área.
Esta aseveración ocurre cuando Fundación Terram publicó un estudio que da cuenta de 14 concesiones salmoneras que están en el perímetro de las solicitudes de ECMPO, y que están pendientes de ser caducadas por no cumplir el requerimiento que establece la Ley General de Pesca y Acuicultura, ya que han pasado entre 8 a 20 años sin realizar actividades.
Además, Terram reportó 10 procesos sancionatorios en curso en la Superintendencia de Medioambiente contra las empresas Cultivo Yadrán, Blumar, Multi X y Australis Mar, por sobreproducción de salmones, al cosechar más de 10 mil toneladas por sobre lo autorizado en sus Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA).
Reuniones secretas de ministros con empresarios salmoneros y pesqueros
La causa de fondo de lo que está en disputa es debilitar y posteriormente modificar la Ley Lafkenche para amoldarla a los intereses financieros, políticos y empresariales detrás de la expansión de la industria pesquera, con énfasis en los recursos pelágicos, demersales y bentónicos de la Patagonia. Y porque la industria salmonera intenta utilizar estas áreas para “relocalizar” sus concesiones que deben salir de los Parques Nacionales y Áreas Marinas Protegidas. Esto además de los intereses de las empresas portuarias y mineras que intentan imponerse en estos territorios sur australes.
La industria salmonera utiliza actualmente a ciertos dirigentes de organizaciones de pescadores artesanales y de buzos para presionar y acceder a los aún abundantes y valiosos recursos que existen en las zonas con presencia de comunidades indígenas.
Esta estrategia cuenta con el apoyo del ministro de Economía, Nicolás Grau, participante en las cuestionadas reuniones secretas con el empresariado en la casa del lobista Pablo Zalaquett. Grau señaló al diario El Mercurio un día antes de la votación, que la Ley Lafkenche debía revisarse: «creemos que, por distintas razones, la implementación de esta ley ha generado algunos de estos conflictos», agregando que parte de esas tensiones se explican por la dificultad de “definir bordes».
«Si una ley sistemáticamente empieza a generar problemas, probablemente hay que revisar cómo está estipulado eso en la ley. Es una conversación que por lo demás está ocurriendo en el Parlamento, hay una moción parlamentaria que discute esos bordes», acotó Grau.
Mientras tanto su colega, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, también activa participante de las reuniones secretas junto a Grau, y como es su estilo, mantuvo un silencio cómplice.
Donde mandan patronales, ministros y funcionarios acatan
En la línea del gobierno de Gabriel Boric, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Ricardo Mewes, manifestó que los ECMPOs podrían «traer una serie de graves perjuicios para las comunidades de la región, que verían afectadas actividades productivas como la pesca artesanal, el turismo, la acuicultura, el sector marítimo portuario, el sector forestal, e incluso el desarrollo de proyectos de infraestructura y de conectividad y telecomunicaciones».
La CPC envió una carta a las ministras del Interior, Medio Ambiente y los secretarios de Estado de Economía y Hacienda, donde afirma que «la Ley Lafkenche se ha convertido en un desequilibrio de intereses y posiciones, aunque su espíritu original es reconocer y respetar los derechos de los pueblos originarios. Lo que podría suceder es que grupos de pocas personas accederían a derechos sobre porciones sustanciales del territorio marítimo, afectando otros intereses legítimos».
Mewes indicó sibilinamente en esta carta que, frente a la sumatoria de conflictos y dificultades generados por la implementación de la Ley Lafkenche por parte del Estado de Chile, actualmente se está revisando la aplicación de la norma en el Senado, y en la Comisión por la Paz y el Entendimiento que organizó el presidente Gabriel Boric.
Los únicos votos a favor de las solicitudes de ECMPOs fueron de los representantes de los pueblos originarios, Fabián Teca y Daniel Caniullan, mientras que la representante del sector turismo, Andrea Rosas, y la Gobernadora Andrea Macías, votaron por aprobar con modificaciones.
La Gobernadora de Aysén, además de aprobar con modificaciones la solicitud de ECMPOs, criticó duramente al empresariado salmonero transnacional que opera en la región preguntando las causas de por qué «en sus países de origen producen bien, y acá en aguas de Aysén no lo hacen».
Centro Ecocéanos: El poder fáctico de la industria salmonera continúa amenazando el medio ambiente y los derechos de los pueblos originarios
Desde el inicio del gobierno de Gabriel Boric, las patronales salmoneras han implementado una agresiva ofensiva política y comunicacional, que contempla activas campañas de desinformación y movilización callejera de trabajadores de factorías industriales, para presionar al gobierno, parlamentarios, ministras, organizaciones de pueblos originarios, y defensores del medio ambiente y de los derechos humanos.
Para Juan Carlos Cárdenas, director del Centro Ecocéanos, la operación contra las solicitudes de las EMCPOs de Cisnes, en las Guaitecas e islas Huichas, “evidencia cómo la mega industria salmonera opera en alianza con las multigremiales regionales y federaciones empresariales nacionales, estableciendo una verdadera Republiketa del Salmón entre las regiones de Los Lagos y Magallanes”.
Allí “ejercen abusivamente su poder político y económico, controlando de facto extensos territorios costeros, sus recursos naturales y comunidades locales, financiando medios de comunicación, coordinándose con ministros, políticos, autoridades y funcionarios públicos”, señalo el médico veterinario.
“Hoy, la industria salmonera opera como un poder fáctico que amenaza la democracia chilena, así como los derechos sociales, laborales, la protección del medio ambiente y los intereses de las comunidades costeras de pueblos originarios en los territorios ancestrales Mapuche, y del Kawesqar Waes en la Patagonia”.
El director del Centro Ecocéanos indicó que “ante la actual ofensiva política, legislativa y social de las patronales empresariales, los ministros y ministras del actual gobierno, que negociaron sotto voce leyes y agendas que benefician los intereses de los sectores financieros, empresariales y de corruptas dirigencias de la pesca, no constituyen interlocutores creíbles para las organizaciones socioambientales y las comunidades de pueblos originarios que continúan luchando por la defensa de los océanos, la biodiversidad marina, y el patrimonio pesquero del país”.
