Impactos de la megaindustria salmonera en Chile: Presentan informe a la ONU denunciando regresión ambiental, social y violaciones a los derechos humanos
El informe de las organizaciones de la sociedad civil al comité de Naciones Unidas también revela que la industria salmonera chilena recibe millonarios subsidios estatales que favorecen a las grandes empresas y transnacionales salmoneras, mientras implementan prácticas antisindicales, el ocultamiento de accidentes laborales y sobreproducciones ilegales, falseando información sanitaria y ambiental.
Santiago de Chile, 28 de agosto de 2025 (Ecoceanos News).- Un reciente informe presentado ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU advierte sobre la profunda regresión social y ambiental en Chile. El documento fue elaborado por la Comisión Ética contra la Tortura, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Centro Ecoceanos, Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT) y Chile Mejor sin TLC, quienes conforman la campaña “Día a Día por Julia Chuñil”.
Las organizaciones ciudadanas alertan a la comunidad internacional sobre las crecientes y severas crisis socioambientales que afectan los derechos ciudadanos y humanos, impactando a las comunidades locales y pueblos originarios, cuyas causas se remontan a décadas de imposición del modelo extractivista exportador de carácter neoliberal que favorecen los grandes grupos empresariales y empresas multinacionales, mientras se intenta silenciar a la sociedad civil y a las y los defensores del medioambiente.
El informe denuncia la estrategia parlamentaria y empresarial de impulsar paquetes de proyectos de ley que intentan criminalizar la libre expresión, el derecho de la ciudadanía a la organización para resistir los crecientes casos de ecocidio y pérdidas de derechos de las comunidades, consecuencia del actual asalto de las corporaciones a los territorios y bienes naturales del país. En este contexto, la megaindustria salmonera, bajo control de grupos familiares y empresas transnacionales nórdicas, asiática y europeas, aparece como uno de los principales responsables de los acumulativos impactos ambientales, sanitarios, económicos y sociales que afectan a los ecosistemas costeros y acuáticos continentales de los territorios del Wallmapu y la Patagonia chilena.
Actualmente, Chile es el segundo mayor productor mundial de salmón de cultivo y el segundo sector de la economía exportadora del país sudamericano. Durante el 2024 sus exportaciones de salmones y truchas de cultivo intensivo superaron los 6.400 millones de dólares (6,4 billones de US), alcanzando una producción cercana al millón de toneladas. Este éxito productivo y exportador, que beneficia a una decena de grupos empresariales locales y transnacionales, tiene un costo alto para los ecosistemas acuáticos, la biodiversidad costera y las comunidades locales.
El modelo basado en el monocultivos industrial intensivo de especies exóticas como el salmón del Atlántico, Coho y Trucha arcoíris -a diferencias de los otros países productores-, genera un 30 por ciento de sus producciones desde el interior de parques nacionales, áreas protegidas del Estado y territorios indígenas de la Patagonia, generando intensos eventos de contaminación orgánica, por fecas de peces y alimento no consumido que se deposita en el fondo marino, y contaminación química, producto de un empleo récord a nivel mundial de antibióticos, los cuales superan en un 300 por ciento a lo que se utiliza en Noruega, primer productor global. A lo anterior se suma la intensa utilización de antiparasitarios, pinturas antifouling en base a cobre, zinc y otros metales pesados, utilizados para evitar la adherencia de organismos marinos en las redes de las balsas jaulas.
Estas prácticas productivas subestándar están generando graves situaciones de resistencia bacteriana como parasitaria, afectando a la salud pública y a toda la cadena trófica de ecosistemas sensibles, especialmente peces, bivalvos, aves y especies en peligro, de mamíferos marinos, además de impactar territorios ancestrales de pueblos originarios como Mapuches Williches, Kawésqar y Yagán.
Precarización laboral y violaciones a los derechos humanos
El informe de las organizaciones de la sociedad civil al comité de Naciones Unidas también revela que la industria salmonera chilena recibe millonarios subsidios estatales que favorecen a las grandes empresas y transnacionales salmoneras, mientras implementan prácticas antisindicales, el ocultamiento de accidentes laborales y sobreproducciones ilegales, falseando información sanitaria y ambiental.
La industria salmonera con base en Chile exhibe en la actualidad una de las tasas más altas de accidentabilidad y mortalidad laboral de los países productores de este commodity.
El Centro Ecoceanos señala que entre el 2013 y 2025, al menos 82 trabajadores, principalmente buzos y tripulantes de naves al servicio de esta industria acuícola, han fallecido durante sus labores en centros de cultivo, plantas procesadoras y el transporte marítimo y terrestre de salmones, en condiciones que en algunos casos bordean con la sobreexplotación y el trabajo forzoso.
A lo anterior se suman los altos niveles de subcontratación y precarización laboral, junto a violaciones de los derechos de género, en un contexto de complicidad y falta de fiscalización estatal. Lo paradojal es que sobre el 80 por ciento de estas producciones son exportadas principalmente al mercado de Estados Unidos y países del norte global.
Resistencia social y ambiental contra el modelo extractivista exportador neoliberal
La megaindustria del salmón constituye un poder fáctico que opera como un Estado paralelo dentro de los territorios del sur de Chile. Impone sus condiciones a las autoridades centrales como regionales, controla territorios y sus recursos, financia medios de comunicación, políticos y parlamentarios para realizar campañas de fake news, para imponer legislaciones que favorezcan a sus intereses corporativos y permitan amedrentar y criminalizar a dirigentes de comunidades indígenas y defensores de la naturaleza que resisten el asalto de sus territorios y bienes comunes.
Frente a estos desafíos y crecientes amenazas, los movimientos socioambientales, organizaciones ciudadanas, sociales, indígenas y comunidades de base avanzan en el fortalecimiento y coordinación de redes de resistencia y de desarrollo de alternativas social y económicamente sostenibles. Desde la agroecología, la recuperación de semillas ancestrales y la protección de territorios terrestres y acuáticos hasta la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, estos movimientos buscan revertir el daño y promover un modelo respetuoso con el medioambiente y los derechos humanos.
El informe de las organizaciones de la sociedad civil chilena presentado en la ONU constituye un llamado urgente a la comunidad internacional y a los organismos nacionales para detener los procesos de devastación ambiental y barbarie social asociados, exigiendo el control público sobre el accionar corporativo de las empresas transnacionales y del Estado chileno, en un contexto donde el debilitamiento del estado de derecho, la corrupción, impunidad y la represión interna pareciera ser la norma imperante.
La lucha que desarrollan la ciudadanía organizada, comunidades locales en resistencia y defensores y defensoras de la naturaleza por la justicia ambiental y social en Chile, continúa siendo un ejemplo frente a un modelo extractivista autoritario e implacable que pone en riesgo la vida, los territorios y la biodiversidad del sur del mundo.
