Las representantes legales de la familia de la dirigenta mapuche y defensora ambiental desaparecida acusan sesgo ideológico, desinformación y vulneración de los estándares internacionales de derechos humanos. Su permanencia al frente de la causa, «pone en riesgo la credibilidad de la investigación y la confianza de las víctimas”, concluyen las abogadas.
Santiago de Chile, 16 de octubre de 2025 (Ecoceanos News).- Las abogadas querellantes del caso de Julia Chuñil Catricura presentaron un escrito al Fiscal Nacional Ángel Valencia solicitando el reemplazo de la Fiscal Regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel López, quien actualmente dirige la investigación por la desaparición forzada de la dirigenta mapuche y defensora ambiental.
El requerimiento de las abogadas Carmen Caifil, Karina Riquelme y Mariela Santana surge tras declaraciones realizadas por Esquivel al diario La Segunda el pasado 13 de octubre, donde afirmó que “no existen antecedentes que permitan afirmar que (Julia Chuñil) ejerciera una labor política o de activista organizada; más bien se trata de una mujer dedicada a su familia y a sus actividades agrícolas, con una vida propia del ámbito rural”.
Para las abogadas, estas palabras “buscan desdibujar el carácter de desaparición forzada que se ha denunciado y faltan a la verdad al negar la calidad de defensora ambiental” de la víctima.
“Lo que confirma lo que hemos sostenido durante estos 11 meses: que la investigación no se ha abordado con la imparcialidad ni la seriedad que exige un caso de esta naturaleza”, expresan en el escrito.
Una investigación marcada por el sesgo racista y la falta de perspectiva
Las juristas sostienen que la fiscal Esquivel ha mostrado “una opción ideológica” que desconoce la condición de defensora de derechos humanos e integrante de un pueblo originario. Tal sesgo, afirman, afecta directamente la orientación de las líneas investigativas y contraviene las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las cuales tienen carácter vinculante para el Estado chileno.
En su resolución, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció expresamente el rol de Julia Chuñil como defensora medioambiental y presidenta de la Comunidad Indígena Putreguel, señalando que su desaparición estaría vinculada a su liderazgo en la defensa del territorio ancestral y la protección de más de 900 hectáreas de bosque nativo.
Pese a ello, las abogadas denuncian que la Fiscalía no ha integrado este elemento clave en las hipótesis de investigación, ignorando así el contexto de conflicto territorial entre la comunidad mapuche y un terrateniente de la zona, que habría mantenido disputas con la víctima antes de su desaparición.
Contradicciones, trato desigual y falta de acceso a la información
Otro de los puntos críticos del escrito es el trato diferenciado que la fiscal Esquivel ha tenido hacia la familia Chuñil, quienes aseguran haber sido objeto de “diligencias intrusivas” impropias de su calidad de víctimas. A ello se suma la falta de reuniones directas con la fiscal regional, a pesar de múltiples solicitudes. “Resulta inaceptable que la fiscal prefiera ofrecer declaraciones a medios nacionales en lugar de escuchar a la familia afectada”, señalan las abogadas, denunciando una grave vulneración al principio de transparencia y acceso a la información.
Además, recordaron que fue el propio Fiscal Nacional quien anunció a comienzos de año la activación del protocolo de protección a defensores de derechos humanos en el caso de Julia Chuñil, precisamente por su condición de lideresa ambiental.
Imparcialidad de la fiscal Esquivel en duda
Las declaraciones de la fiscal Esquivel, según las abogadas, vulneran el principio de imparcialidad, piedra angular del derecho procesal penal. Este principio obliga al Ministerio Público a investigar sin prejuicios ni estigmatización hacia las víctimas, especialmente cuando se trata de defensores de derechos humanos o líderes de pueblos originarios.
La carta subraya que la fiscal ha mostrado mayor celo en causas previas de usurpación de tierras contra la propia víctima, mientras que la investigación por su desaparición hace casi un año, avanza lentamente y sin la profundidad que exige el caso.
Exigen acción inmediata del Fiscal Nacional
Finalmente, las abogadas solicitan al Fiscal Nacional Ángel Valencia que intervenga de manera urgente, ordenando el reemplazo de la fiscal Esquivel y el traslado del caso a otra región, donde se garantice una investigación con imparcialidad, enfoque de derechos humanos y debida diligencia.
“Las declaraciones de la fiscal implican una toma de partido política y un desconocimiento de las recomendaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Su permanencia al frente de la causa pone en riesgo la credibilidad de la investigación y la confianza de las víctimas”, concluyen las abogadas.
El caso de Julia Chuñil Catricura, desaparecida hace casi un año en la Región de Los Ríos, se ha transformado en un símbolo de la violencia e intentos de silenciamiento que enfrentan las defensoras ambientales en Chile. Su familia y sus abogadas, junto a una creciente movilización de la ciudadanía organizada a nivel nacional, continúan exigiendo verdad, justicia e imparcialidad frente a un Estado que, hasta ahora, no ha cumplido con los estándares internacionales que prometió respetar.