Como en la dictadura: Abogada de la familia de Julia Chuñil presentó recurso de amparo frente a abusos policiales y de la fiscal Tatiana Esquivel
La acción judicial denuncia vigilancia nocturna con drones, amedrentamiento a testigos y la apertura de una nueva causa por “obstrucción” contra una de las hijas de la defensora ambiental mapuche desaparecida, en un contexto de crecientes cuestionamientos al actuar de la Fiscalía Regional de Los Ríos y de Carabineros en la investigación.
Valdivia, Región de Los Ríos, 2 de marzo de 2026 (Ecoceanos).- La abogada Karina Riquelme Viveros interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Valdivia en favor de Etelvina Díaz y Lyssette Sánchez, sobrina y nieta de Julia Chuñil Catricura, respectivamente, por graves actos de hostigamiento policial y persecución penal. La acción se dirige contra la Fiscalía Regional de Los Ríos y Carabineros de Chile, en el marco de la investigación por la desaparición forzada de la defensora ambiental mapuche, causa encabezada por la fiscal Tatiana Esquivel.
Uno de los hechos más alarmantes expuestos en el recurso de amparo es la denuncia de vigilancia aérea “sistemática, nocturna e ilegal” mediante drones en el domicilio familiar, en Máfil.
Según el escrito, durante semanas se han registrado sobrevuelos reiterados en la madrugada. En el inmueble vive también Jeannette Troncoso Chuñil, quien cumple arresto domiciliario total, y cuatro nietos de Julia, menores de edad, bajo la tutela legal de Etelvina Díaz. El impacto psicológico ha sido evidente, instalando un clima de temor permanente. “Los niños han manifestado un miedo constante ante el ruido y la presencia del dispositivo que sobrevuela la casa en la oscuridad, configurándose una perturbación que carece de todo fundamento legal o resolución judicial que la autorice y que haya sido informada oportunamente”, señala el recurso.
Violencia institucional y de género contra la nieta
La acción legal también detalla la forma en que se concretó la declaración de Lyssette Sánchez, hija de Etelvina y nieta de Julia. La diligencia, solicitada meses antes a la detención de sus tíos para aportar antecedentes, fue postergada y solo se materializó en febrero, cuando funcionarios policiales llegaron a su domicilio el sábado 14 para exigir su comparecencia al día siguiente.
Según su testimonio, en la comisaría de Máfil fue advertida reiteradamente de que “mentir es delito” y que sus dichos podrían traerle consecuencias legales. La defensa sostiene que se intentó “alinear” su declaración con la tesis del Ministerio Público, bajo la amenaza implícita de abrir causas en su contra, lo que podría configurar apremio ilegítimo.
Especial gravedad reviste el hecho de que funcionarios policiales le habría solicitado subir a un vehículo para trasladarse a un sector rural sin orden judicial formal, con el fin de señalar posibles lugares donde podría encontrarse su abuela. La diligencia, fuera de un marco claramente autorizado y sin garantías visibles, expuso a Lissette a una situación de temor e inseguridad.
El recurso señala que hubo además preguntas ajenas a la investigación sobre su vida íntima, estado civil y decisiones personales, lo que podría constituir violencia institucional y de género. A ello se suman comentarios despectivos hacia prácticas culturales mapuche, calificadas como “brujería”, expresiones que no solo resultan impropias de funcionarios públicos, sino que podrían infringir estándares del Convenio 169 de la OIT al evidenciar un sesgo discriminatorio.
Imputación por “obstrucción”: presión sobre la tutora del hogar
En el caso de Etelvina Díaz Chuñil, funcionarios policiales concurrieron reiteradamente tanto a su domicilio como a su lugar de trabajo -una feria costumbrista en Máfil- solicitando que los acompañara a la comisaría.
En una de esas ocasiones se le informó que tendría la calidad de imputada por el delito de obstrucción a la investigación, sin exhibir orden judicial ni entregar antecedentes formales. El 24 de febrero volvieron a buscarla; ella decidió no declarar hasta conocer oficialmente el contenido de la imputación.
Etelvina ya había denunciado previamente amenazas atribuidas a José Arriagada, funcionario de LABOCAR, quien -según su declaración- le habría dicho cuando estaban solos: “¿Qué pasaría si ahora te secuestrara?”. Hoy, el mismo contexto investigativo deriva en una causa por obstrucción que, según el recurso, estaría siendo dirigida por fiscales que también sostienen la acusación contra miembros de la familia.
La fiscal Tatiana Esquivel, a cargo de la causa principal, figura imputada en otra investigación por apremios ilegítimos, junto a José Arriagada, contra Jeannette Troncoso Chuñil. En ese escenario, la apertura de una nueva causa contra Etelvina -tutora de cuatro menores y principal sostén del hogar- aparece, desde la perspectiva de la defensa, como una medida desproporcionada y potencialmente represiva.
Un patrón que preocupa
La utilización de presencia policial en espacios públicos de trabajo, la insistencia en traslados sin claridad jurídica y los comentarios de connotación racista configuran, según el recurso, un patrón de hostigamiento incompatible con un Estado democrático de derecho.
La defensa solicita que se declare la ilegalidad y arbitrariedad de los actos denunciados, que se ordene el cese de diligencias informales y que Carabineros ajuste estrictamente sus actuaciones al marco legal. También exige que el Ministerio Público informe formalmente sobre la existencia de cualquier investigación en curso contra de Etelvina Díaz Chuñil y su hija Lyssette Sánchez, y que se adopten medidas para restablecer el imperio del derecho.
Asimismo, se pide oficiar tanto a la Fiscalía como a Carabineros para que entreguen un informe detallado sobre las actuaciones denunciadas.
Esta nueva arista del caso -vigilancia encubierta, presión sobre testigos y ampliación de imputaciones- profundiza las dudas sobre la conducción de la causa por parte de la Fiscalía Regional de Los Ríos, que ha construido una narrativa racista y clasista para criminalizar a la familia de Julia Chuñil, con filtración de informaciones erradas a la prensa e intentos de borrar su condición de dirigenta mapuche y defensora ambiental.
