Según explicó la abogada Karina Riquelme, la acción judicial se basa en tres hechos principales: el presunto uso ilegal de drones en las cercanías de la vivienda de la familia, la toma de declaraciones bajo presión a familiares y la apertura de una investigación paralela contra una de las testigos.
Región de los Ríos, 13 de marzo de 2026 (Ecoceanos). La Corte de Apelaciones de Valdivia ordenó remitir antecedentes a la Fiscalía Regional de Los Ríos para que investigue las denuncias amenazas, restricciones arbitrarias o abusos de poder policial contra dos familiares de Julia Chuñil Catricura, en el marco de la investigación por su desaparición.
La decisión se produjo tras acoger parcialmente un recurso de amparo presentado por la abogada Karina Riquelme Viveros, en representación de Etelvina Díaz Chuñil y Lyssette Sánchez Díaz, quienes residen en la comuna de Máfil, región de Los Ríos, en contra del Ministerio Público y de Carabineros de Chile.
Denuncian vigilancia y hostigamiento mediante drones nocturnos
En la acción judicial, la defensa sostuvo que, tras la desaparición de Julia Chuñil Catricura, la investigación penal se ha centrado en gran medida en su familia directa. Según el recurso, durante las últimas semanas el núcleo familiar Chuñil-Díaz habría sido objeto de vigilancia mediante drones que sobrevolaban las inmediaciones del domicilio familiar, donde viven también cuatro menores de edad.
Tras la audiencia realizada el 9 de marzo, la abogada Riquelme denunció -en un punto de prensa- que además algunos de estos vuelos habrían ocurrido durante la noche y a baja altura, acercándose incluso a las ventanas de la vivienda, lo que habría generado temor e inseguridad entre los habitantes del hogar.
“El uso de los drones ilegales lo hemos hecho saber al Ministerio Público y no se nos ha dado nunca una explicación de quién lo usa”, sostuvo. Tampoco se ha abierto una investigación para aclarar el origen de esos dispositivos, lo que -según indicó- afecta la privacidad de la familia.
La abogada explicó que el uso de este tipo de tecnología requiere permisos específicos. “Para poder utilizar drones siempre se debe solicitar autorización en la Dirección de Aeronáutica Civil para poder sobrevolarlos, y además para poder sobrevolar en lugares privados hay que pedir autorización judicial”.
Denuncian intimidación y presión policial contra nieta de Julia Chuñil
El recurso también expuso situaciones ocurridas durante diligencias policiales. De acuerdo con la presentación, Lyssette Sánchez Díaz prestó declaración el 15 de febrero de 2026 en la Tenencia de Máfil, instancia en la que habría sido intimidada por parte de un funcionario, lo que le generó temor.
“Al ejercer cualquier tipo de coacción, cualquier tipo de amenaza, ofrecer cualquier tipo de premio a una persona mientras está declarando, eso es ilegal según nuestras normas. A Lyssette se le ha amenazado con abrirle una causa en el caso de que declare de tal o cual forma”, precisó la abogada Riquelme.
Ministerio Público abre causa paralela sin permitir el acceso a la información
En el caso de Etelvina, “se le indicó que ella ya estaría siendo imputada por una causa que habría abierto la misma fiscal”. La defensa sostuvo que la apertura de una investigación en su contra por presunta obstrucción a la investigación, sumada a reiteradas diligencias policiales, le habría provocado a la sobrina de Julia Chuñil un estado de profunda angustia.
Karina Riquelme cuestionó además la apertura de una causa paralela contra Etelvina, y precisó que la defensa no conoce los antecedentes. En este sentido, criticó que el Ministerio Público tenga la facultad de abrir causas paralelas sin que la defensa tenga acceso a ellas. “El Ministerio Público, respecto de una causa, tiene la facultad de abrir todos los RUC que se le parezca y nosotros no vamos a tener acceso a esa información”. Según afirmó, esta práctica puede transformarse en una forma de presión. “En este caso, lo que están haciendo es amedrentar con el poder que ellos tienen de abrir causas”.
Críticas a una investigación sesgada y discriminatoria
Karina Riquelme también cuestionó la forma en que se ha llevado la investigación por la desaparición de Julia, señalando que la defensa no ha tenido acceso completo a los antecedentes. “Una investigación para que sea realmente objetiva y para que haya igualdad para ejercer la defensa, deberíamos acceder a todo lo que el Ministerio Público tiene”.
Indicó que incluso se les han negado interceptaciones telefónicas y documentos que estarían reservados.
La destrucción del hogar de la familia Chuñil
La abogada Riquelme sostuvo que la familia está interesada en que la búsqueda de Julia Chuñil continúe. Sin embargo, también pidió que el Estado responda por los daños ocasionados en la vivienda durante las diligencias.
Además, señaló que aún no existe claridad sobre cuánto tiempo más el inmueble seguirá siendo utilizado por las policías. Incluso, dijo, la familia desconoce quién está utilizando actualmente la vivienda.
Fiscalía y Carabineros niegan los hechos denunciados
Durante la audiencia realizada el 9 de marzo, los representantes del Ministerio Público de Chile y de Carabineros de Chile solicitaron el rechazo del recurso.
La Fiscalía sostuvo que no existen antecedentes que acrediten vulneraciones a la libertad personal o seguridad individual, mientras que Carabineros indicó que las diligencias se realizaron conforme a instrucciones del Ministerio Público y negó haber efectuado sobrevuelos con drones sobre el domicilio de las recurrentes, aunque reconoció que la institución cuenta con equipos de ese tipo.
Se abre una nueva arista en el caso Julia Chuñil: Fiscalía Regional deberá investigar sus abusos de poder
En su resolución, la Corte de Apelaciones de Valdivia señaló que, aunque no existen antecedentes suficientes para atribuir directamente los sobrevuelos a las policías, los hechos denunciados tienen la entidad suficiente para constituir una posible amenaza a la seguridad individual de las recurrentes.
Por ello, el tribunal resolvió acoger parcialmente el recurso de amparo y ordenar que los antecedentes sean puestos en conocimiento de la Fiscal Regional de Los Ríos, para que —en uso de sus atribuciones— investigue si existieron amenazas, restricciones arbitrarias o cualquier forma de abuso de poder por parte de la autoridad en contra de Etelvina y Lyssette.
En cumplimiento de dicha resolución, se abrió una causa penal que será investigada por un fiscal de la región de Los Ríos, con el objeto de esclarecer los hechos denunciados.
La decisión abre ahora un nuevo frente en el caso, al obligar al Ministerio Público a examinar las denuncias de hostigamiento y presiones hacia dos integrantes de la familia de Julia Chuñil, en el contexto de la investigación por la desaparición de la defensora ambiental mapuche.