En esta columna de opinión el director del Centro Ecooceanos, Juan Carlos Cárdenas, analiza el reportaje de TVN que encubrió vínculos con la industria salmonera en Chile.
Por Juan Carlos Cárdenas, director de Ecoceanos
Publicado en El Desconcierto
12 de abril, 2026
El programa Informe Especial de Televisión Nacional, emitió el 22 de marzo, el reportaje “Chile, Noruega y el salmón: Cooperación en superficie, guerra submarina», el cual se iniciaba con la frase: “Esto es grave, y el país debe saberlo”.
Emitido en horario prime, este reportaje conducido por el periodista Amaro Gómez-Pablos, acusó al Estado Noruego de sabotear el crecimiento de la industria salmonera en las regiones de la Patagonia chilena. Para ello, estaría financiando a las comunidades de pueblos originarios en conflicto territorial y ambiental con el actual proceso de expansión de los monocultivos industriales de exportación.
Para demostrar esta hipótesis, Gómez-Pablos entrevisto en Noruega a Beathe Torensen, directora de la sección para América Latina del Norwegian People’s Aid, la que confirmó que, como parte de un proyecto de asistencia y cooperación internacional, se aportaron $ 500 millones de pesos a diversas comunidades de pueblos originarios en Chile.
Sin embargo, se evitó señalar durante el desarrollo del reportaje, que esta cooperación noruega se realizó entre el 2008 y 2014, para dar a entender que dicho financiamiento estaría influyendo en los actuales conflictos territoriales en el sur de Chile, derivados de los agresivos intentos de la mega industria salmonera y sus parlamentarios, para modificar y/o eliminar la Ley 20.249 (Ley Lafkenche), -aprobada por el parlamento chileno hace 18 años.
En la actualidad, los intereses del empresariado salmoneros intentan paralizar la creación de nuevos Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (EMCPOs), donde el Estado chileno a través de la ley 20.249 reconoce los usos consuetudinarios y prácticas ancestrales, culturales y económicas de las comunidades locales, frente a las múltiples amenazas ambientales y culturales que las afectan.
Para amplificar los efectos de este montaje político y comunicacional, el reportaje se emitió dos días antes de la inauguración de la Feria Internacional Aqua Sur, donde se reunirían representantes de la industria salmonera global, al cual asistió el presidente de la República José Antonio Kast, quien entregó el pleno respaldo estatal al plan empresarial 2040 que intentará duplicar las actuales producciones de salmón en la Patagonia chilena.
Articulo 20 del Código de Ética del Colegio de Periodista: “El o la periodista deberá transparentar los posibles conflictos de interés que puedan tener incidencia sustancial en la orientación del trabajo periodístico final”.
Resulta llamativo que este reportaje haya sido difundido en horario especial por el canal de televisión estatal chileno, cuyo actual gerente de Comunicaciones y Asuntos Públicos es el periodista José Joaquín Valdés Saavedra, quien ejerció durante ocho años como lobista y experto en manejo de crisis de la asociación patronal SalmonChile A.G.
Por su parte, Amaro Gómez-Pablos ha sido charlista motivacional para la megaempresa salmonera AquaChile / holding Agrosúper, propiedad de la familia de Gonzalo Vial.
Este periodismo, que trabaja por encargo empresarial, tiene por objetivo construir escenarios políticos y legales que permitan criminalizar y silenciar a las comunidades costeras de pueblos originarios en resistencia, e iniciar una “caza de brujas” contra las organizaciones y defensores de la naturaleza.
Hay que recordar que actualmente se encuentra en el Parlamento un proyecto de ley para asegurar la probidad y transparencia en el financiamiento de las organizaciones ambientalistas, presentado por el exdiputado y ahora senador por la región salmonera de Aysén, Miguel Ángel Calisto, el cual se encuentra desaforado por un presunto fraude al fisco, ratificado por la Corte Suprema de Chile.
En la actualidad, el actuar como un poder fáctico de la megaindustria salmonera y el uso de los medios hegemónicos amenazan los procesos de democratización de la sociedad chilena, los derechos de la ciudadanía, de las comunidades locales y el medio ambiente, a la vez que comienza a intervenir de manera injerencista en las relaciones internacionales del Estado chileno.
Por ello, se hace necesario que la ciudadanía exija transparencia respecto de los financiamientos detrás de este reportaje, el cual evidencia un tratamiento sesgado y manipulador por parte de TVN. Asimismo, su conducción periodística contraviene lo establecido en los artículos 2, 3, 6 y 20 del Código de Ética del Colegio de Periodistas de Chile. Del mismo modo, resulta fundamental un pronunciamiento del Consejo Nacional de Televisión ante las denuncias presentadas por los televidentes.
Este periodismo, que trabaja por encargo empresarial, tiene por objetivo construir escenarios políticos y legales que permitan criminalizar y silenciar a las comunidades costeras de pueblos originarios en resistencia, e iniciar una “caza de brujas” contra las organizaciones y defensores de la naturaleza.
Hay que recordar que actualmente se encuentra en el Parlamento un proyecto de ley para asegurar la probidad y transparencia en el financiamiento de las organizaciones ambientalistas, presentado por el exdiputado y ahora senador por la región salmonera de Aysén, Miguel Ángel Calisto, el cual se encuentra desaforado por un presunto fraude al fisco, ratificado por la Corte Suprema de Chile.
En la actualidad, el actuar como un poder fáctico de la megaindustria salmonera y el uso de los medios hegemónicos amenazan los procesos de democratización de la sociedad chilena, los derechos de la ciudadanía, de las comunidades locales y el medio ambiente, a la vez que comienza a intervenir de manera injerencista en las relaciones internacionales del Estado chileno.
Por ello, se hace necesario que la ciudadanía exija transparencia respecto de los financiamientos detrás de este reportaje, el cual evidencia un tratamiento sesgado y manipulador por parte de TVN. Asimismo, su conducción periodística contraviene lo establecido en los artículos 2, 3, 6 y 20 del Código de Ética del Colegio de Periodistas de Chile. Del mismo modo, resulta fundamental un pronunciamiento del Consejo Nacional de Televisión ante las denuncias presentadas por los televidentes.