Trabajo forzado en exportaciones agrícolas y de salmones: Estados Unidos propone castigo comercial a Chile
Existe presencia de trabajo forzoso en las tres etapas de la salmonicultura: piscicultura, centros de cultivo y plantas de procesamiento. La investigación de Fundación Libera y el Centro Ecoceanos se concentró particularmente en los buzos de centros de cultivo, identificando prácticas asociadas a los 11 indicadores de trabajo forzoso definidos internacionalmente.
Santigo de Chile, 5 de junio de 2026 (Libera/Ecoceanos).- La decisión de Estados Unidos de proponer un arancel adicional de 12,5% a las importaciones provenientes de Chile por la falta de medidas efectivas contra el trabajo forzoso, abrió un nuevo frente de presión internacional sobre el modelo exportador chileno, particularmente en la agricultura y la salmonicultura industrial intensiva.
La medida fue anunciada en el marco de una investigación iniciada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que cuestiona la ausencia de mecanismos robustos para prevenir, detectar y sancionar la producción de bienes elaborados bajo condiciones de trabajo forzoso. En específico, exige que los países tengan prohibiciones de importación de productos elaborados con trabajo forzoso y dispongan de institucionalidad y recursos para combatirlo.
La propuesta ocurre pocas semanas después de que Fundación Libera denunciara formalmente al Estado chileno ante la USTR por presunta tolerancia al trabajo forzoso en sectores exportadores estratégicos.
Según la investigación presentada por la organización chilena, existen indicios de los 11 indicadores de trabajo forzoso reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), especialmente en la producción agrícola de frutas de exportación y en la industria salmonera.
La denuncia sostiene que trabajadores migrantes agrícolas en situación vulnerable estarían expuestos a prácticas como engaños contractuales, retención de salarios, restricciones de movilidad, amenazas, jornadas excesivas y condiciones de vida degradantes. Al mismo tiempo, los buzos salmoneros estarían sometidos a un sistema de subcontratación que esconde una vulneración masiva y sistemática de sus condiciones de trabajo, su vida y su seguridad.
Investigación iniciada por Washington
La propuesta arancelaria tiene su origen en una investigación iniciada por Estados Unidos en marzo de 2026 bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. El proceso busca establecer si los países investigados han aplicado de manera efectiva prohibiciones o controles sobre productos vinculados al trabajo forzoso.
El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, sostuvo que durante años empresas y trabajadores norteamericanos han debido competir con productores extranjeros que obtienen ventajas de costos derivadas de estas prácticas laborales.
En su informe presentado ante el USTR, Libera acredita condiciones sistemáticas de engaño en la contratación de trabajadores agrícolas migrantes, aislamiento en predios remotos sin acceso a servicios básicos, restricción de movimiento, retención de salarios y deducciones ilegítimas, jornadas de diez a doce horas diarias seis días a la semana sin pago de horas extra, violencia física por parte de contratistas, amenazas de denuncia a las autoridades migratorias como mecanismo de control, y condiciones de alojamiento hacinadas e insalubres. Los buzos de salmoneras, por su parte, estarían sometidos a un régimen de incumplimiento grave y sistemático de condiciones mínimas de salud y seguridad que ponen en riesgo sus vidas, sin poder ofrecer resistencia.
Chile reprueba todos los estándares sobre trabajo forzoso exigidos por Estados Unidos
La criminalización de la migración irregular en Chile consolida un cuadro de esclavitud laboral encubierta, la que cuenta con la complicidad y el amparo legal estatal.
El proyecto del gobierno ultraderechista de José Antonio Kast de duplicar las actuales producciones y exportaciones de salmónidos para el 2040, cuyo principal mercado de destino es Estados Unidos, el cual representa el 40% del valor del total de las exportaciones de salmón chilenas (2.500 millones de dólares anuales), sin que implemente urgentes reformas estructurales laborales, sólo profundizará las vulneraciones y abusos documentados sobre los buzos que trabajan de manera desregulada y precarizada en los centros de cultivo intensivo de salmones. Así también como en los trabajadores agrícolas migrantes pobres, cuyas producciones de vegetales y frutas se destinan mayoritariamente a la exportación.
Las denuncias en relación a la industria exportadora de salmón realizada por Fundación Libera, con apoyo del Centro Ecoceanos, reforzaron las conclusiones de la USTR.
La presidenta de Fundación Libera, Carolina Rudnick, afirmó que “la gravedad no está en no tener la prohibición de importación, sino que ni siquiera tenemos la prohibición de trabajo forzado doméstica”.
La abogada explicó que Chile carece tanto de herramientas para impedir el ingreso de mercancías producidas bajo explotación laboral, como de mecanismos efectivos para prevenir, detectar y sancionar estas prácticas dentro de su propia economía.
A juicio de la organización, la existencia de indicadores de trabajo forzoso en la agricultura y la salmonicultura, sumada a la débil respuesta estatal, transforma al país en un riesgo para los mercados de destino de sus exportaciones.
Estados Unidos identificó que los esfuerzos y el nivel de cumplimiento del Estado chileno para combatir el trabajo forzado son bajos e insuficientes, situación previamente denunciada en informes de organizaciones internacionales como la CIDH y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
La constatación de indicadores de trabajo forzoso en la industria del salmón también había sido observada en el informe de la Superintendencia de Seguridad Social (SUCESO) de 2020, sobre las condiciones laborales de alto riesgo y la precarización que enfrentan los buzos que operan con escasa seguridad laboral hasta 30 metros de profundidad en las balsas jaula salmoneras.
“Instamos a la sociedad chilena y a los actores internacionales del mercado global, a estar atentos a esta grave situación”, señaló Fundación Libera.
El Estado chileno y la industria salmonera fallan en los estándares exigidos por la USTR
El informe emitido por la USTR establece que Chile no realiza esfuerzos efectivos para prohibir y aplicar eficazmente la importación de bienes producidos con trabajo forzado, esto es, mecanismos efectivos de control, diligencia debida y exclusión comercial de bienes producidos con trabajo forzado.
La lista de exigencias de la USTR para un sistema efectivo de prevención y fiscalización del trabajo forzado deja en evidencia las múltiples falencias de Chile: ausencia de una definición legal de trabajo forzado basada en el derecho internacional, falta de una autoridad de aplicación designada, inexistencia de listas públicas de entidades involucradas, ausencia de estándares probatorios claros, carencia de mecanismos de reparación para víctimas y debilidad en transparencia y mecanismos de denuncia.
A lo anterior se debe sumar el hecho que la ley en Chile no define ni criminaliza de manera autónoma el trabajo forzado. Solo existe la figura de trata con fines de trabajo forzado, lo que, en la práctica, resulta insuficiente, pues no captura toda la naturaleza y magnitud del fenómeno y cómo afecta a trabajadores nacionales.
Lo que distingue al trabajo forzado de una mera infracción laboral, es la coacción, el abuso de vulnerabilidad y el engaño. Por ello se requiere una legislación específica que prevenga estas dinámicas.
Rudnick sostuvo que las recomendaciones de la USTR coinciden con demandas históricas impulsadas por organizaciones ciudadanas, ambientalistas, sindicatos y víctimas. “El informe del USTR señala justamente acciones que la sociedad civil y los trabajadores le hemos exigido al Estado”, afirmó.
Entre ellas, mencionó la necesidad de tipificar el trabajo forzado conforme a estándares internacionales, fortalecer la legislación laboral en sectores de alto riesgo y mejorar los mecanismos de fiscalización, denuncia y reparación.
Importante es destacar que Chile mantiene separadas las funciones de la Dirección del Trabajo y las del Ministerio Público en esta materia, sin que exista claridad suficiente sobre competencias y responsabilidades. Tampoco existe una autoridad especializada en trabajo forzado ni respecto de productos importados vinculados a estas prácticas.
Actualmente opera una Comisión Asesora Contra el Trabajo Forzado, creada durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, la que durante el gobierno posterior de Gabriel Boric elaboró un plan de acción considerado débil por organizaciones sociales.
Chile: Migración irregular, agricultura y salmonicultura exportadora
La criminalización de la migración irregular en Chile aumenta el riesgo de trabajo forzoso entre personas migrantes, tanto en los sectores de la agricultura y la salmonicultura.
Cuando se criminaliza la migración irregular se entrega al sector patronal un control casi absoluto sobre trabajadores migrantes, consolidando mecanismos de sometimiento con un respaldo estatal.
“Tipificar como delito el ingreso clandestino, implicaría una verdadera autorización del trabajo forzado de migrantes irregulares”, advirtió Rudnick.
Las organizaciones denunciantes advierten que avanzar en esa dirección implica legitimar formas contemporáneas de esclavitud laboral.
La presencia del trabajo forzoso en la expansión de la industria chilena del salmón
Existe presencia de trabajo forzoso en las tres etapas de la salmonicultura: piscicultura, centros de cultivo y plantas de procesamiento.
La investigación de Fundación Libera y el Centro Ecoceanos se concentró particularmente en los buzos de centros de cultivo, identificando prácticas asociadas a los 11 indicadores de trabajo forzoso definidos internacionalmente.
Según las organizaciones de la sociedad civil, existe abuso sistemático de vulnerabilidad, salarios bajos, inestabilidad laboral, engaños contractuales y exposición permanente a condiciones de trabajo potencialmente mortales.
Las 90 muertes de buzos registradas durante los últimos 13 años, registrados por Ecoceanos, evidencian un régimen laboral que vulnera sistemáticamente los derechos fundamentales, en aquellos territorios del sur de Chile donde la salmonicultura industrial constituye prácticamente la única fuente laboral disponible.
Los anuncios públicos efectuados por el actual gobierno y los representantes de las asociaciones empresariales, sobre su plan de expansión hacia la Patagonia chilena, con el objetivo de alcanzar los dos millones de toneladas anuales a partir del 2040, anticipan una profundización de estas vulneraciones, las que amenazan el comercio justo en el mercado norteamericano.
A lo anterior se acaba de sumar el levantamiento de la prohibición que establecía que los buzos que trabajan en aguas chilenas debían ser exclusivamente chilenos, habilitando la contratación de trabajadores extranjeros, lo cual incrementará los factores de vulnerabilidad de aquellos trabajadores y trabajadoras que dependen directamente de la capacidad regulatoria y fiscalizadora del Estado.
Sobre este punto, Rudnick advirtió la necesidad de garantizar “los más altos estándares en salud y seguridad” para prevenir prácticas constitutivas de trabajo forzoso en una industria marcada por una tasa récord de mortalidad laboral a nivel global.
La propuesta arancelaria de Estados Unidos aún no es definitiva. Los comentarios escritos serán recibidos hasta el 6 de julio de 2026 y la audiencia pública se realizará el 7 de julio.
Desde Fundación Libera y el Centro Ecoceanos llamaron al gobierno chileno a aprovechar este plazo para impulsar reformas estructurales reales, con participación y control público, y no limitarse únicamente a una defensa comercial y de los intereses del empresariado local y transnacional ante Washington.
“El gobierno chileno tiene semanas para demostrar ante el gobierno y los consumidores de Estados Unidos que entendió la señal de rechazo y monitoreo activo enviada por la sociedad civil chilena y las organizaciones de trabajadores migrantes”, concluyó Rudnick.
