Amplia condena nacional e internacional a campaña de amedrentamiento contra Fundación Libera y Ecoceanos por denunciar trabajo forzado en Chile
La defensa del derecho a denunciar abusos laborales reunió el respaldo de cerca de 300 organizaciones y personas de Chile y el extranjero, que exigieron poner fin al hostigamiento y responder a las evidencias de trabajo forzado en los sectores exportadores.
Santiago de Chile, 28 de agosto de 2026 (Ecoceanos/Fundación Libera) Cerca de 300 organizaciones nacionales e internacionales suscribieron una declaración pública para condenar la campaña de amedrentamiento e intimidación contra Fundación Libera y el Centro Ecoceanos, luego de que ambas entidades denunciaran la existencia de trabajo forzado y vulneraciones de derechos humanos laborales en sectores exportadores de Chile.
El pronunciamiento reúne a organizaciones y personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos, los territorios y el medioambiente, los derechos laborales y de las personas migrantes, además de sindicatos, agrupaciones de mujeres y organizaciones feministas. Las entidades firmantes expresan su preocupación por los ataques difundidos a través de redes sociales y alentados, según señala la declaración, por pronunciamientos de figuras públicas del Estado y del empresariado.
La declaración reconoce la trayectoria de Fundación Libera y Ecoceanos en la documentación, denuncia y exigencia de responsabilidades frente a vulneraciones de derechos humanos laborales. Este trabajo llevó a ambas organizaciones a participar en las investigaciones desarrolladas bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos y en otros mecanismos de debida diligencia y trazabilidad de las cadenas de suministro.
En el contexto de las recientes sanciones arancelarias aplicadas por Estados Unidos a Chile y a otras 38 economías, distintos sectores han intentado responsabilizar a las organizaciones denunciantes por las decisiones adoptadas por la administración estadounidense. Las entidades firmantes califican esta vinculación como “falaz y éticamente reprochable” y advierten que busca desviar la atención del problema de fondo: las evidencias sobre incumplimientos de estándares internacionales y vulneraciones de derechos laborales en actividades exportadoras.
El pronunciamiento sostiene que esta ofensiva alimenta la desconfianza y la hostilidad contra las organizaciones de la sociedad civil, utilizando una contingencia geopolítica que se encuentra fuera de su capacidad de incidencia para desacreditar su labor.
Defender la denuncia y el espacio cívico
Las organizaciones enfatizan que investigar, documentar y denunciar posibles vulneraciones de derechos humanos, así como recurrir a mecanismos nacionales e internacionales, constituye una actividad legítima y protegida por la libertad de expresión, la libertad de asociación y el derecho a defender los derechos humanos.
Estos principios, recuerdan, forman parte de los compromisos internacionales asumidos por Chile y son fundamentales para el fortalecimiento del Estado de derecho y la rendición de cuentas de las empresas y las instituciones públicas.
También advierten que la estigmatización de quienes denuncian abusos pone en riesgo la seguridad de las organizaciones y de las personas que las integran. Al mismo tiempo, debilita el espacio cívico, desalienta nuevas denuncias y deteriora las condiciones necesarias para prevenir y reparar los impactos de la actividad empresarial sobre los derechos humanos.
Exigen respuestas frente a las evidencias
Las organizaciones firmantes llaman a las autoridades políticas, los representantes de los gremios empresariales, las industrias y la opinión pública a terminar con toda campaña de desprestigio, hostigamiento y amedrentamiento contra Fundación Libera y Ecoceanos, así como contra cualquier persona u organización que denuncie situaciones de explotación laboral en Chile.
También exigen que las autoridades del Estado y los representantes empresariales se abstengan de emitir declaraciones que estigmaticen la labor de denuncia y respondan al fondo de las evidencias presentadas, de acuerdo con las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por el país.
Asimismo, solicitan al Estado chileno adoptar medidas concretas y verificables para proteger a defensoras y defensores de derechos humanos, en concordancia con la Declaración de las Naciones Unidas de 1998 y con las recomendaciones formuladas por los mecanismos internacionales que han visitado Chile.
Finalmente, demandan avanzar sin más dilaciones hacia una política obligatoria de debida diligencia en derechos humanos para los sectores exportadores, especialmente la agricultura y la salmonicultura, frente a décadas de antecedentes acumulados sobre vulneraciones laborales que no han recibido una respuesta adecuada.
El amplio respaldo nacional e internacional a la declaración reafirma que denunciar violaciones de derechos humanos en el ámbito empresarial no constituye un obstáculo para el desarrollo económico, sino “una condición necesaria para que ese desarrollo sea compatible con la dignidad humana”.
Declaración completa, junto a las adhesiones AQUÍ
