FAO propone medidas para mantener rentabilidades de la industria salmonera

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El reciente informe de la FAO propone a los gobiernos permitir que la acuicultura pueda disfrutar de préstamos sectoriales prioritarios o seguros, así como reducciones en las tarifas de energía u otros gravámenes; condonación de préstamos para mantener nóminas y préstamos a bajo interés para refinanciar deudas existentes; suspensión de ciertas obligaciones financieras; permitir el acceso a programas de crédito con tipos de interés reducidos, préstamos con amortización flexible, así como opciones para la reestructuración de préstamos y plazos de reembolso; y ofrecer programas para cubrir las pérdidas de ingresos para mantener cadenas nacionales de suministro de productos del mar y asegurar la continuidad de las operaciones.


Santiago de Chile, 03 de Mayo, 2020 (Ecoceanos News)– El informe de la FAO “Cómo el Covid-19 está afectando los sistemas alimenticios de la pesca y la acuicultura”, analiza los desafíos de la billonaria industria de productos del mar, proponiéndole a los gobiernos un conjunto de medidas para proteger la producción e ingresos de este globalizado sector productivo, manteniendo sus operaciones y el apoyo a sus cadenas de suministro.

Sobre la acuicultura, el reporte del organismo de las Naciones Unidas señala que los futuros impactos dependerán de varios factores, tales como la interrupción de algunos mercados (USA, China,UE, entre otros), lo que significaría no vender productos ya cosechados y procesados, y mantener a los animales vivos en los sistemas de cultivo, lo cual aumentaría los costos, gastos y riesgos para las empresas. Otro factor sobre el que llama la atención FAO, son los problemas de las empresas comercializadoras de ovas y de la genética de reproductores, las que debido a las restricciones a los movimientos de carga y el tráfico aéreo, podrían disminuir sus producciones.

Business as usual

Frente a estos nuevos escenarios comerciales y de mercado, la FAO propone una serie de medidas de políticas públicas para mantener las operaciones de los diversos actores de la acuicultura, entre los que en el caso de Chile, destacan la salmonicultura industrial intensiva destinada a la exportación:

• Declarar a la acuicultura como una parte de la agricultura con el fin de otorgar préstamos sectoriales prioritarios, seguros de cosechas, tarifas energéticas y otros gravámenes.
• Aumentar el acceso de los acuicultores a programas de crédito y microfinanzas con tasas de interés reducidas, reembolso flexible de préstamos y opciones de reestructuración de préstamos y cronogramas de pagos relacionados.
• Conceder programas para cubrir la producción y las pérdidas de ingresos para mantener las cadenas nacionales de suministro de productos del mar y para garantizar la continuidad de las operaciones.
• Condonar préstamos utilizados para mantener la operación y los préstamos a bajo interés para refinanciar la deuda existente.
• Alivio de pagos, es decir, suspender ciertas obligaciones financieras como servicios públicos, impuestos inmobiliarios e hipotecas.
• Disminuir la producción donde haya una caída en la demanda o un acceso reducido a los mercados, especialmente si las exportaciones siguen siendo lentas y se ha perdido la mano de obra.

Chile: El lobby salmonero empresarial en tiempos de crisis sanitaria y social

El 15 de abril pasado, la Subsecretaría de pesca y acuicultura de Chile (Subpesca) calificó a la mega industria exportadora de salmónidos como un “sector fundamental” para enfrentar la pandemia de corona virus, ya que “asegura la disponibilidad de alimentos para la población (sic)” durante esta emergencia sanitaria.

Según el Centro Ecocéanos esta afirmación es falsa, ya que aproximadamente el 90% de la producción chilena de salmónidos es exportada a mas de 70 mercados internacionales, entre los que destacan Estados Unidos, Japón, China, Brasil, Unión Europea, y la Federación Rusa.

A su vez Ecoceanos señala que la población chilena presenta uno de los mas bajos consumos promedio de pescado a nivel mundial, (7 kg. anuales por habitante), lo que está muy distante del promedio anual mundial (20 kg, por habitante).

En medio de la pandemia, ha llamado la atención el activo lobby de la industria de salmón con base en Chile para imponer sus intereses al Estado. Después de haber logrado ser declarada como “sector fundamental” para la alimentación nacional, obtiene una funcional propuesta desde la FAO que le permite legitimar políticamente planes de apoyo estatal para mantener sus cadenas de suministro y de operaciones, flexibilizar normativas, y obtener -dependiendo de la extensión de la crisis-, el rescate financiero de grandes empresas con dineros públicos. Según Ecocéanos, con ello “la mega industria salmonera transferirá sus costos derivados de la actual crisis sanitaria y de mercado a los contribuyentes chilenos”.

La doctrina del shock de la industria salmonera en tiempos de crisis

Juan Carlos Cárdenas, médico veterinario y director del Centro Ecocéanos señaló que en esta pandemia “las empresas salmoneras están aprovechando las restricciones al control social y participación ciudadana para imponerle al Estado sus intereses económicos por sobre la protección de la salud pública y derechos laborales”. Algunas situaciones que ejemplifican lo anterior han sido:

a) La intervención “express” de la cancillería chilena y del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), para que los gobiernos de Argentina y Brasil levantaran el cierre de sus fronteras, para el ingreso y flujo permanente de cientos de camiones que transportan salmón congelado hacia los frigoríficos de ambos mercados sudamericanos
b) La apertura de una “ventana” de parte de Sernapesca, para extender por un mes las actividades de siembra de salmones en los centros de cultivos, con el fin de que la industria sortee las restricciones de movimiento en las regiones salmoneras,
c) El levantamiento de las restricciones para el transporte de salmones y mitílidos en la isla de Chiloé, para descongestionar el paso por el canal de Chacao. Por instrucciones de la Seremi de salud, el Sernapesca entregó permisos para la entrada de 900 camiones de la industria acuícola.
d) El permanente ingreso de trabajadores externos a la región de Aysén a través del aeródromo de Balmaceda, violando el acuerdo sanitario existente para el control del Covid-19 en esta aislada región, y no tomando en consideración el rechazo de los alcaldes y comunidades locales.
e) A lo anterior se suma el masivo transporte de operarios para los centros de cultivo de las salmoneras transnacionales Mowi (Noruega), Australis Mar (China), Cermaq (Japón), y Blumar hacia las regiones de Aysén y Magallanes que se está realizando mediante el empleo de los cruceros de turismo “Skorpios I” y “Skorpios II”.

Es llamativa la actividad salmonera en Magallanes, donde el 50% de sus trabajadores son externos a la región, la que con una población de 178.000 personas presenta la mayor tasa de contagios por Covid-19 del país, existiendo a la fecha 11 fallecidos y 726 infectados.

Ecocéanos: Contribuyentes chilenos y trabajadores pagarán los costos de la industria salmonera post-pandemia

Según el Centro Ecocéanos “la industria del salmón aprovecha este anómalo período sin control social para avanzar en su nuevo modelo de negocios adaptado al escenario político, laboral, social y de mercado post-Covid-19. Para ello prepara, fuera del control público, el acceso a nuevos subsidios estatales y ventajas tributarias, mientras continúa precarizando los empleos mediante la flexibilización y externalización laboral extrema, e incrementa la concentración económica, transnacionalización, y la integración con mega productores agrícolas, cadenas de retail, y la industria farmacéutica, biotecnológicas, y productoras de alimento para peces».

Frente a ello, el Centro Ecocéanos llama a las organizaciones sociales a estar alerta y analizar lo que fue el escandaloso rescate financiero con aval del Estado chileno de 450 millones de dólares entregado a las empresas salmoneras entre el 2008-2010 para sobrevivir a la mega crisis sanitaria, productiva y social provocada por la introducción desde Noruega del virus de la anemia infecciosa del salmón (ISA virus, por sus siglas en inglés), consecuencia de la falta de control estatal, las malas prácticas y bajos estándares sanitarios que caracterizaron la primera fase de expansión del monocultivo industrial salmonero en Chile.

Esta crisis gatillada por el virus ISA, tuvo un costo de 5.000 millones de dólares, y el despido de 27.000 trabajadores,- principalmente mujeres de las plantas procesadoras-, debido a la caída del 60% de la producción de salmón Atlántico.

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