Sindicatos marítimos que prestan servicios a la industria del salmón denunciarán ante la OIT graves incumplimientos en seguridad laboral tras el fracaso de mesa tripartita
Tras 16 sesiones de trabajo, la Mesa Regional Tripartita de Los Lagos concluyó sin avances sustantivos en materias críticas como dotaciones mínimas y seguridad a bordo. Los sindicatos denunciaron la persistencia de incumplimientos laborales que motivaron sus reclamaciones ante la Organización Internacional del Trabajo y cuestionaron la ausencia de la industria salmonera en el diálogo, pese a su rol central en la cadena de operaciones del sector exportador.
Santiago de Chile, 26 de febrero de 2026 (Ecoceanos).- La Federación de Sindicatos Marítimos y Gente de Mar (FESIMAR) y la Federación Nacional de Sindicatos de Oficiales de Naves Mercantes y Especiales de Chile (FENASIOMECHI) entregaron un crítico balance del trabajo desarrollado en la Mesa Regional Tripartita Marítima de Los Lagos, instancia constituida el 24 de junio de 2025 por el Ministerio del Trabajo, tras las denuncias presentadas ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por incumplimientos al Convenio sobre el Trabajo Marítimo (MLC 2006) y al Convenio 187 sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.
Sin respuestas de fondo tras 16 sesiones de trabajo
Entre junio de 2025 y febrero de 2026 se realizaron 16 sesiones de trabajo, con participación de representantes del Gobierno -a través de la Seremi del Trabajo-, la Dirección del Trabajo, Directemar, la Autoridad Sanitaria, las organizaciones sindicales FESIMAR y FENASIOMECHI, los empleadores agrupados en ARMASUR y la OIT, organismo que participó hasta fines de 2025.
Sin embargo, ambas federaciones sostienen que los resultados obtenidos no responden a la gravedad de la situación que motivó la instalación de la mesa ni al compromiso adquirido con el Gobierno el 14 de mayo de 2025.
A la fecha, los acuerdos concretados se limitan a materias que ya constituyen obligaciones legales vigentes: la implementación del Registro Electrónico de Asistencia; la coordinación de programas de fiscalización a nivel nacional e intersectorial; y la elaboración de una guía de apoyo para la fiscalización en naves mayores, respecto de la cual aún no existe claridad sobre su fecha de publicación ni sobre el inicio de su aplicación.
Para las organizaciones sindicales, si bien estas medidas son necesarias, no abordan el problema estructural que dio origen a las denuncias ante la OIT.
El nudo crítico: seguridad, dotaciones y cuadros reguladores
El eje central del conflicto sigue radicado en la seguridad a bordo, las dotaciones mínimas y los cuadros reguladores.
Según denuncian, persisten omisiones graves: ausencia de cuadros reguladores ajustados a la normativa vigente; dotaciones mínimas insuficientes que impiden garantizar descansos efectivos; falta de uniformidad de criterios en Directemar respecto de la visación de dichos cuadros; ausencia de transparencia sobre cuadros previamente aprobados con observaciones o irregularidades; y la eliminación, por parte de la Dirección del Trabajo, del código que sancionaba la polifuncionalidad a bordo.
A ello se suma la propuesta de modificar el artículo 115 del Código del Trabajo, que regula el cuadro regulador de trabajo para el personal embarcado. De acuerdo con las federaciones, el sector empresarial ha condicionado la firma de acuerdos a que esa modificación se concrete en los términos que ellos plantean, situación que, a juicio de los dirigentes, tensiona el diálogo social y desplaza el foco desde el cumplimiento de la normativa vigente hacia eventuales cambios legales.
Asimismo, las federaciones cuestionaron la ausencia de la industria salmonera transnacional en estas instancias de diálogo, pese a que -subrayan- las empresas del sector tienen la responsabilidad de exigir a las navieras el cumplimiento irrestricto de la normativa laboral y de seguridad. Cabe señalar que la totalidad de las navieras cuyos trabajadores están afiliados a ambas federaciones presta servicios directamente a compañías salmoneras, lo que, a juicio de los dirigentes, hace ineludible su involucramiento en la solución de esta problemática.
Críticas al rol fiscalizador del Estado
Las organizaciones también cuestionan el actuar de los organismos públicos. En particular, lamentan que la Dirección del Trabajo no haya ejercido con la firmeza necesaria su rol de garante de los derechos laborales. La disparidad de criterios en las fiscalizaciones a lo largo del país evidencia una falta de coherencia institucional que termina favoreciendo la vulneración de derechos.
En la sesión del 24 de febrero de 2026, el director subrogante de la Dirección del Trabajo en Puerto Montt señaló que, de no firmarse el acuerdo en los términos propuestos, se suspendería la continuidad de lo programado. Para las federaciones, este tipo de planteamientos no contribuye a un diálogo constructivo ni a la búsqueda de soluciones de fondo.
“Lamentablemente, no se ha logrado avanzar en las mejoras que el sector requiere debido a la falta de voluntad efectiva por parte del Estado, particularmente a través de la Dirección del Trabajo, Directemar y la autoridad sanitaria, esta última con una participación intermitente en las instancias de trabajo”, afirmó José Lemuy, presidente de FESIMAR.
El dirigente agregó que los armadores, junto con las autoridades, han optado por dilatar las discusiones, extendiendo los plazos sin que se concreten soluciones reales. “Mientras tanto, los trabajadores continúan en una situación de desprotección, sin que se garantice el cumplimiento efectivo de la normativa vigente”, enfatizó.
“La vida y la salud no se negocian”
Desde FESIMAR y FENASIOMECHI recalcan que no están exigiendo nuevas leyes ni reformas estructurales, sino el cumplimiento de la legislación nacional y de los convenios internacionales ratificados por Chile y actualmente vigentes.
“La seguridad marítima no puede supeditarse a intereses económicos. La protección de la vida y la salud de los trabajadores debe ser el principio rector de cualquier acuerdo. La salud y la vida de los trabajadores marítimos no se negocian, se respetan”, subrayaron.
En la misma línea, Luis González, presidente de FENASIOMECHI, sostuvo que la falta de avances responde a “falta de voluntad y cruce de intereses”, y advirtió que “ningún estamento fiscalizador se hace cargo de la importancia de proteger la vida del personal embarcado”.
El dirigente añadió que los accidentes fatales ocurridos en el sector respaldan las reclamaciones presentadas ante la OIT y confirman las denuncias por vulneración de derechos fundamentales y laborales por parte de armadores, autoridad marítima, autoridad laboral y autoridad sanitaria. Esta última, indicó, mantiene una débil preocupación por las condiciones de higiene, asepsia, alimentación y descansos del personal que trabaja a bordo.
Asimismo, cuestionó que toda medida que implique costos en beneficio del personal embarcado enfrenta procesos lentos y burocráticos, mientras que aquellas orientadas a reducir costos y aumentar ganancias empresariales avanzan con mayor rapidez y apoyo institucional.
Próximas acciones ante la OIT
Frente este escenario, ambas federaciones informaron que comunicarán formalmente su disconformidad al Departamento de Normas Internacionales del Trabajo de la OIT en Ginebra.
De no mediar un cambio sustantivo en la actitud de las autoridades y del sector empresarial, advirtieron, el país continuará enfrentando accidentes marítimos y pérdidas de vidas humanas que pudieron evitarse.
Las organizaciones recalcaron que no resulta aceptable que el desarrollo de una industria estratégica para Chile, como la del salmón, se sostenga a costa de la seguridad y la dignidad de quienes trabajan embarcados, insistiendo en que el cumplimiento efectivo de la normativa vigente es una condición mínima e intransable para garantizar trabajo decente y seguridad en el mar.
